En toda democracia moderna existe un principio que debería ser incuestionable: mientras mayor sea la capacidad de influir en las decisiones públicas, mayor debe ser también la obligación de transparentar los intereses y recursos que respaldan esa influencia.

Ese estándar hoy se exige a los partidos políticos, a quienes realizan lobby y a las empresas que contratan con el Estado. Sin embargo, existe un actor que, pese a tener una creciente incidencia en el debate público y en la formulación de políticas, continúa operando con exigencias considerablemente menores: las organizaciones no gubernamentales.

Esta semana quedó nuevamente en evidencia. Dos organizaciones chilenas participaron en audiencias ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), un proceso que terminó con la aplicación de un arancel de 12,5% sobre exportaciones chilenas. Al consultárseles por el origen de sus recursos, la explicación fue genérica: "fondos internacionales de investigación e incidencia". Sin nombres, sin montos y sin posibilidad de conocer quién financia esa actividad.

El punto no es cuestionar la legitimidad del financiamiento internacional. Miles de organizaciones en Chile desarrollan un trabajo invaluable en materias sociales, ambientales, culturales y comunitarias gracias, precisamente, a esos aportes. Tampoco se trata de poner en duda su derecho a participar del debate público.

La pregunta es otra: cuando una organización busca influir en regulaciones, políticas públicas o incluso en la percepción internacional de un país, ¿no debería someterse a estándares de transparencia equivalentes a los que exigimos al resto de los actores que ejercen influencia?

La confianza pública se construye precisamente sobre esa base. La ciudadanía tiene derecho a saber quién financia a quienes buscan incidir en decisiones que afectan el interés general. La transparencia no limita la libertad de acción; por el contrario, fortalece la legitimidad de quienes actúan de buena fe.

No es una discusión nueva. En 2023 se presentó un proyecto para modificar las leyes 20.500 y 20.730, incorporando mayores obligaciones de transparencia sobre el financiamiento de organizaciones que desarrollan actividades de incidencia. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados con 132 votos favorables, pero hoy permanece detenida en el Senado.

Chile necesita avanzar hacia una verdadera Ley de Transparencia para el llamado Tercer Sector. No para obstaculizar el trabajo de las organizaciones ni para restringir la cooperación internacional, sino para establecer una regla simple: quien influye en asuntos públicos debe transparentar quién financia esa influencia.

Si un partido político recibiera millones de dólares desde el extranjero sin declararlo, difícilmente el país permanecería indiferente. Si una empresa ocultara quién financia una campaña destinada a modificar una regulación, también exigiríamos explicaciones.

No parece razonable que, precisamente en nombre de la transparencia y la participación, existan organizaciones que puedan ejercer una influencia significativa sin cumplir estándares equivalentes.

Porque la transparencia no debiera depender de quién habla, sino del impacto que busca generar.