La Defensoría Penal Pública tiene por finalidad proporcionar defensa penal a todo imputado/a o acusado/a por un crimen, simple delito o falta, que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas cortes del país, y que carezcan de abogado; es decir, usted siempre podrá contar con abogado o abogada desde los primeros actos del procedimiento dirigido en su contra; un profesional que con honradez e integridad ejercerá su defensa.

Pero ¿Cómo podemos confiar en dicha aseveración? Encontramos la respuesta en distintos cuerpos normativos y en especial en la regulación interna de la Defensoría Penal Pública y sus distintos mecanismos de control y de un equipo de profesionales, funcionarios que ejercen la respectiva función de control, característica ésta última que no se encuentra presente en otras defensorías de Latinoamérica.

Es así que todos los abogados que prestan defensa penal pública, sin distinción de su modalidad de contratación, están sujetos en el cumplimiento de sus deberes, a las responsabilidades propias del ejercicio de la profesión de abogado y a las normas contenidas en la Ley de la Defensoría Penal Pública, el Estatuto Administrativo y/o su contrato de prestación de servicios, quienes ejercen su función con transparencia, de manera de permitir a sus defendidos, el conocimiento de los derechos que les confiere la ley y en su desempeño, son controlados por la propia Defensoría Penal Pública a través de inspecciones, las que son realizadas por sus pares abogados denominados inspectores; por las distintas auditorías externas que realiza la institución; los informes que cada cierto tiempo deben emitir todos los defensores penales públicos y por los procedimientos de reclamaciones de defensa penal que ha regulado la Institución y mediante los cuales, cualquier beneficiario del servicio de defensa penal puede manifestar su descontento o disconformidad con la actuación de su abogado.

Lo mencionado se dota de contenido desde el momento que todos las defensoras y defensores penales públicos están sujetos, además, al Código Deontológico dictado por el Defensor Nacional con miras a orientar, en materias ético-profesionales, la actuación de todos ellos con preeminencia al Código de Ética del Colegio de Abogados.

Finalmente, señalar que el 29 de junio del 2018, la Defensoría Penal Pública procedió a crear un Comité de Integridad, que actúa como soporte y difusor de las buenas prácticas institucionales que potencian en los funcionarios la probidad y ética y cuyas funciones más relevantes consisten en proponer al Defensor Nacional, programas y/o estrategias, impulsar el desarrollo participativo de la institución en materias de probidad y ética y por otro lado, reforzar la responsabilidad funcionaria y los valores comunes para facilitar el abordaje de los dilemas éticos e institucionales. Lo anteriormente expuesto permite que usted cuente con la suficiente garantía de que será atendido por profesionales no sólo competentes, sino que, apegados a la ética y la probidad, en el ejercicio de la función pública que le compete a la Defensoría Penal Pública.