Desde hace muchos años Chile presenta una cantidad de presos que no resulta compatible con la mantención de mínimas condiciones de encarcelamiento acordes a la dignidad humana inherente a todas las personas (lo que incluye, por cierto, aquellas que son encarceladas) y, si se quiere ver este asunto sólo desde un cuestionable aspecto utilitarista, torna absolutamente infundada e ilusoria cualquier mínima esperanza de que quien entra en la cárcel, luego de cumplir la condena impuesta, salga con mayores posibilidades y condiciones de reinserción comparado con aquellas que presentaba el día que inicio su prisión.

Según las estadísticas que maneja Gendarmería, el año 2023 finalizó con 19.665 personas en prisión preventiva en nuestro país, un 16% más de lo que existía a fines del 2022. Al 31 de marzo último dicha cifra supera las 20.600 personas.

A nivel de nuestra región, el año pasado finalizó con un registro de 105 personas soportando la prisión preventiva, casi el doble de lo que se registraba tan sólo un año antes (54 personas).

Ante estos sustanciales incrementos es urgente desmitificar a la cárcel y observar, desnudo de prejuicios y falsas ilusiones, su verdadero carácter de irracional y falsa panacea frente a los problemas de delincuencia. El encarcelar a la gente, medida tan fácil como ineficaz, no puede ser ni la única ni la mejor solución a los problemas de convivencia social que indefectiblemente enfrentamos, más aún en sociedades tan desiguales en cuanto a oportunidades de desarrollo vital y condiciones materiales de vida, como lo es la chilena.

Para la legitimidad de todo sistema de justicia penal y en abono al respeto de los derechos ciudadanos básicos, resulta imprescindible que el número de presos preventivos, es decir, presos a la espera de juicio, vaya a la baja. En ese orden de ideas, y aun cuando pueda resultar algo impopular señalarlo, sobre todo en los actuales tiempos, debemos manifestar nuestra preocupación con la realidad que presenta en este aspecto la administración de justicia penal en Chile, y en nuestra región en particular.

El Defensor Nacional Carlos Mora en su Cuenta Pública anual, efectuada en los últimos días, alertó de que del total de personas a nivel país a las que se les decretó la prisión preventiva durante el año 2023, sólo un 37% vio finalizado su proceso penal sufriendo la imposición de una efectiva pena de cárcel. Es decir, la mayoría de las personas que sufrieron prisión preventiva durante el año pasado, finalmente no fueron condenados o se les impuso una sanción que fue cumplida en libertad.

Lo anterior implica que en la mayor parte de los casos en que se impone la prisión preventiva lo que se está aplicando, en realidad, es una forma de sanción anticipada, un castigo en extremo severo y que se impone a una persona antes de que exista una condena que establezca su efectiva responsabilidad por un delito. 

Se comprende con facilidad de que esta lógica con la que actualmente en muchos casos se resuelve la imposición de esta medida cautelar no sólo resulta injusta e infundada, sino que es altamente criminógena para personas que son encerradas en recintos penales sin que exista una efectiva e imperiosa necesidad de así hacerlo.

La medida de encerrar a una persona, remedio doloroso y de alto costo social y personal, debe siempre ser la última y no la primera respuesta que el Estado ha de entregar frente a la denuncia de un delito.