Agua/nieve
Paula Acua Ojeda - Estudiante Adm. Pblica y Cs. Polticas, Universidad de Concepcin
Columnista, Colaborador - 09-07-2020

Caminando por el centro de Coyhaique vi como caían tímidos copos de nieve buscando llegar al suelo y disolverse en el proceso, impregnando nuestra tierra.

Aysén, tierra de abundancia, reserva de vida y lugar de encuentros mediados por los infaltables mates, es, al mismo tiempo, lugar de desencuentros originados por intereses extractivistas y económicos. Si bien gozamos de ríos maravillosos, prístinos, muy cercanos a nuestros hogares, esa abundancia del agua se encuentra privatizada y es de interés general conocer quiénes son hoy dueños/as del agua de la Patagonia: por ejemplo, la familia Walker y otros conocidos.

Durante algunos años hemos presenciado, desde lejos, como la sequía se ha ido convirtiendo en una realidad extendida a lo largo de nuestro país, llegando a situaciones de extrema preocupación como la carencia de agua en comunidades como Petorca.

Como aiseninos/as debemos dimensionar la magnitud de esta problemática, particularmente respecto a sus aspectos institucionales: la privatización de las aguas, el reconocimiento de derechos de aprovechamiento (de las aguas) por perpetuidad, la gestión de los recursos hídricos donde la separación entre las tierras y las aguas subterráneas debilita las prioridades de los usos esenciales y subsistencia misma del agua. Todos estos elementos se encuentran consagrados y respaldados por la Constitución Política (1980) y el Código de Aguas (1981).

Estas medidas fueron convirtiendo al agua en un negocio, concebida como una mercancía al arbitrio de la especulación del mercado. Nosotros/as bien sabemos acerca de esto, las generaciones más jóvenes nos hemos criado junto con la defensa del agua en nuestra región, ante la amenaza que han constituido proyectos extractivistas y mineros contra ecosistemas como el río Baker o el lago General Carrera. Las lógicas mercantiles en torno a la propiedad del agua desconocen en la práctica su esencialidad como patrimonio de la humanidad y naturaleza, además de su consideración como un bien común indispensable. El acceso al agua es esencial para la vida, constituyéndose así como un derecho humano básico. 

La crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha develado cómo la negación del acceso al agua puede eventualmente afectar la vida humana, en cuanto un método de prevención fundamental es el lavado constante de manos. En comunidades que ni siquiera tienen acceso al agua para beber, lavarse las manos es botarla. Su acceso debe ser, por necesidad, universal. Cuando los cursos naturales de agua son alterados o acaparados por intereses privados, su acceso no está garantizado. El agua es básica para la salubridad -no sólo en tiempos de pandemia-, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Dentro de los próximos debates enmarcados en el proceso de redacción de una nueva Constitución Política es indispensable que el Estado reconozca a la naturaleza como sujeto de derecho, que respete sus ciclos y bienes naturales comunes, logrando que el reconocimiento de este se encuentre dentro de las bases de nuestra nueva institucionalidad. Para una vez por todas superar el despojo y saqueo de los bienes naturales comunes, y en paralelo, velar porque nadie en nuestro país sufra por escasez de agua.

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