Los pasos que vienen con miras a la Convención Constitucional
El 11 de abril de 2021 se deberá elegir a los/as constituyentes que integrarán el órgano encargado de redactar la nueva Constitución, quienes tendrán un plazo inicial de nueve meses para esa labor.
Redacción, Diario El Divisadero - 24-11-2020

La decisión que tomó la ciudadanía de entregar a una Convención Constitucional la redacción de una nueva Constitución, activó una serie de plazos que comenzaron a correr y que ha generado la discusión de diversas iniciativas legales.

Además del proyecto que busca reservar escaños para los pueblos originarios, que se discute aún en el Senado, se está discutiendo también una reforma para facilitar la participación de independientes en la Convención. La elección de los/as constituyentes se realizará el 11 de abril de 2021 junto con la de alcalde, concejales y gobernadores regionales y el proceso de calificación de esa elección deberá quedar concluido dentro de los treinta días siguientes a la fecha de ésta. Y el plazo para inscribir las candidaturas vence el próximo 11 de enero.

De acuerdo a la reforma aprobada por el Congreso, la Convención Constituyente, estará integrada por 155 ciudadanos electos en base al sistema electoral de los diputados. A ellos, se deberían agregar los escaños reservados para los pueblos originarios.

Quienes estén a cargo de redactar la nueva Carta Fundamental se llamarán Convencionales Constituyentes y si alguna autoridad quiere participar del proceso de elección, deberán cesar en sus cargos en el momento en que inscriban la candidatura.

Una vez que se haya elegido a los constituyentes, el Presidente de la República deberá convocar a la primera sesión de instalación de la Convención, señalando el lugar de la convocatoria. En caso de no señalarlo, se instalará en la sede del Congreso Nacional y deberá realizarse dentro de los quince días posteriores a la fecha de publicación del decreto.

Funcionamiento

En su primera sesión, la Convención deberá elegir a un presidente y un vicepresidente por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Además, para aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas, deberá hacerlo con un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio y también tendrá que constituir una secretaría técnica, la que será conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional.

Los integrantes de la Convención recibirán una retribución mensual de 50 UTM, además de las asignaciones reglamentarias. La ley señala que la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en la actual Constitución y que mientras no entre en vigencia la nueva Constitución, la actual seguirá plenamente vigente sin que la Convención pueda modificarla.

Plazos

La Convención deberá redactar y aprobar una propuesta de texto de la nueva Constitución en un plazo de 9 meses contado desde su instalación. Dicho plazo podrá prorrogarse tres meses, por una sola vez.

Una vez redactado y aprobado el nuevo texto constitucional, la convención se disolverá de pleno derecho y sus integrantes no podrán ser candidatos/as a cargos de elección popular mientras ejercen sus funciones y hasta un año después de que cesen en sus cargos.

Cuando la Convención comunique que ha terminado su propuesta de texto, el Presidente debe convocar a un plebiscito nacional constitucional para que la ciudadanía apruebe o rechace.

Voto obligatorio

En este caso, el voto será obligatorio para los que residen en Chile y en caso de que no voten, serán sancionados con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 UTM.

El día del plebiscito se le entregará al ciudadano una cédula electoral con la pregunta ¿aprueba el texto de la nueva constitución propuesto? y tendrá la opción de aprobar o rechazar.

El plebiscito deberá realizarse 60 días después de que el Presidente lo haya convocado.

Si se aprueba el texto propuesto por la Convención, el Presidente de la República deberá convocar al Congreso Pleno para que en un acto público y solemne se promulgue y se jure o prometa respetar y acatar la nueva Constitución Política.

La nueva carta fundamental  deberá imprimirse y repartirse gratuitamente para todos los establecimientos educacionales, públicos o privados, bibliotecas municipales, universidades y órganos del Estado.

Si la propuesta de la nueva Constitución es rechazada, continuará vigente la actual.

Pueblos originarios y nueva Constitución

Actualmente, se está discutiendo en el Congreso la incorporación de escaños reservados en la Convención Constitucional para personas pertenecientes a los pueblos originarios, lo que a juicio de María Lorena Rossel, Doctora en Derecho y directora de la carrera de Derecho de la Universidad de Las Américas, sede Viña del Mar, constituye un avance hacia una democracia realmente participativa y representativa de nuestra sociedad.

“Sin embargo, cualquiera que sea la fórmula que permita la incorporación de nuestros pueblos originarios, ya sea incluyéndolos dentro de los 155 cupos o aumentando dichos escaños, es fundamental que dicha decisión se adopte a la brevedad, para que tengan el tiempo necesario para preparar sus candidaturas y propuestas para una nueva Constitución”, sentenció.

Agregó que cualquier retraso en la definición de las reglas necesarias para la conformación de la Convención Constitucional, “podría restarle legitimidad a un proceso tan trascendental para nuestro Estado, como es la redacción de una nueva carta fundamental”.

Según el censo de 2017, nuestra población está integrada por un 12,8% de personas de distintos pueblos originarios o indígenas. Entre estos destacan el Mapuche, correspondiente a casi el 80% de la población indígena, seguido por el pueblo Aymara (7,17%), Diaguitas (4,05%), Quechua (1,55%), Lican Antai (1,39%P), Colla (0,95%), Rapa Nui (0,43%), Kawashkar o Alacalufe (0,16%) y Yagán (0,07%).

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