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El derecho a ser tratado como inocente
Sebastián Lagos Vera, abogado defensor local de Coyhaique
Columnista, Colaborador - 07-12-2017

Los derechos del imputado en el Sistema Procesal Penal fueron creados no para una minoría, sino para todas las personas que puedan llegar a ser imputadas por una falta, delito o crimen. Hoy, es un desconocido quien estará recurriendo a ese derecho, pero mañana tal vez Ud., sus hijos, hermanos o amigos, sean quienes deban invocarlo. 

Entre el grupo de derechos aludido se encuentra el de ser tratado como inocente, mientras una sentencia firme emanada de un Tribunal de la República, no señale lo contrario. Es decir que durante todo el proceso investigativo, un imputado no puede ser tratado como culpable ni sindicado como tal por la prensa, por las instituciones de la justicia o sus representantes, o por la comunidad. De esta manera, un imputado es una persona de quien se investiga su participación en un hecho delictivo o una falta, pero ello no quiere decir necesariamente que sea culpable, ya que la investigación puede arrojar como resultado que la persona es inocente.

Esto se debe a que todas las personas estamos protegidas por el Principio de Presunción de Inocencia, consagrado en diversos tratados internacionales de Derechos Humanos, como el Pacto de San José de Costa Rica (art. 14 Nº 2) y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (art. 8 Nº 2), en el ámbito regional; la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11 Nº 1), a nivel universal; y el Código Procesal Penal (art. 4), en el ordenamiento jurídico nacional.

La presunción de inocencia entonces, es el derecho que tienen todas las personas a que se considere a priori como regla general que ellas se comportan de acuerdo a los valores, principios y reglas del ordenamiento jurídico, mientras un tribunal no adquiera la convicción - a través de los medios de prueba legal - de su participación y responsabilidad en el hecho punible determinada por una sentencia firme y fundada, obtenida respetando todas y cada una de las reglas del debido y justo proceso. Todo lo anterior exige aplicar las medidas cautelares previstas en el proceso penal (como por ejemplo la prisión preventiva) en forma restrictiva, para evitar el daño de personas inocentes mediante la afectación de sus derechos fundamentales, además del daño moral que eventualmente se les pueda producir.

Uno de los efectos más relevantes del principio de inocencia es que el imputado o acusado no debe probar su inocencia, sino que quién acusa -es decir el Ministerio Publico- debe probar su culpabilidad por los medios de prueba que contempla el ordenamiento jurídico.

De esta manera, podemos decir que la presunción de inocencia es uno de los derechos fundamentales que nos asisten y la base de un sistema democrático. 

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