Persecución penal de la corrupción
Carlos Palma Guerra, Fiscal Regional de Aysén - 14-09-2018

El día en que un funcionario público decide apartarse de sus convicciones valóricas y propósitos institucionales, es un momento de complejidad no sólo para la organización a la que representa, sino también para sus familiares y conocidos. Es en definitiva, un instante oscuro para la sociedad, que puede tener efectos impensados y llevar a la comisión de delitos que afecten al Estado o particulares, a través de la corrupción.

Sin embargo, es ahí cuando las instituciones como la Fiscalía y las propias policías, deben hacer su trabajo para lo cual han sido seleccionados, sin aceptar presiones de ningún tipo, porque la comunidad exige transparencia y objetividad. Y la comunidad en la región de Aysén puede tener la certeza de que hemos enfrentado y seguiremos haciendo frente a cualquier acto de corrupción que podamos detectar o que se nos denuncie, porque estamos comprometidos con la verdad y la rectitud.

En este sentido, el Artículo IV de la Convención Interamericana contra la Corrupción, define algunos actos reñidos contra la ley, como el requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público, de cualquier objeto de valor u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas.

También, la realización por parte de un funcionario público, de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero.

A ello se agrega la participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo.

Por su parte, en la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se estipula que los funcionarios públicos  deberán dar estricto cumplimiento al principio de la probidad administrativa, el cual consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.

Para investigar todos los actos de corrupción, es que hemos establecido una estrecha relación de trabajo y colaboración con la Contraloría General de la República, la cual se materializa en acciones concretas como reuniones de análisis de casos, talleres de capacitación y colaboración en terreno de sus funcionarios, sumado al trabajo constante de ambas policías en la investigación de hechos que puedan intentar corromper al Estado.

Como Fiscal Regional, no toleraré este tipo de situaciones, para lo cual ejerceremos con convicción y firmeza, la persecución penal respectiva. La comunidad puede tener esa certeza. 

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