Pena de cárcel ¿pena de muerte?
Jorge Moraga Torres, Abogado - Defensor Regional de Aysén - 08-11-2018

Kevin Garrido Fernández tenía tan sólo 18 años cuando en noviembre de 2015 fue apresado bajo la acusación de haber puesto un artefacto explosivo en el portón de acceso de una Comisaría de Carabineros y en la parte exterior de la Escuela de Gendarmería, en la capital. El pasado viernes 02 de noviembre, a los 21 años de edad, Kevin Garrido fue asesinado en uno de los patios del recinto penal Santiago Uno, al ser apuñalado en su tórax y abdomen.

Condenado en septiembre último a sufrir 17 años de presidio por estos hechos ya no tiene sentido especular que resultado habría tenido el recurso de nulidad presentado por su defensa a fin de intentar dejar sin efecto tal condena, dado que la muerte de este joven ha tornado inútil cualquier discusión sobre la culpabilidad o inocencia de éste en los hechos por los cuales se encontraba preso. 

Tampoco cambiaremos este fatal epílogo, si nos preguntamos por qué ocurrió esto si hace menos de un mes Gendarmería informó al tribunal que conocía de la causa que el interno Garrido Fernández manifestaba correr un serio riesgo en su integridad al interior de diversos módulos del recinto penal Santiago Uno, incluyendo aquél en que, finalmente, fue asesinado. 

El trágico final de Kevin Garrido es la historia que casi de manera semanal se vive en alguna cárcel chilena. El año 2017 fueron 48 los presos muertos en nuestro país producto de una riña. Esta cifra constituye más del 7% de todos los homicidios que ocurren en el país. Dicho de manera más simple, y dramática, quien se encuentra preso presenta cerca de 32 veces más posibilidades de ser asesinado que quien vive en libertad. 

Nuestra realidad carcelaria -inevitable resultado de una política penitenciaria que se focaliza mucho más en la misión de vigilancia y custodia que en la urgente necesidad de reinsertar a quienes, más temprano o más tarde, saldrán nuevamente a vivir en sociedad- se caracteriza por una insoportable violencia cotidiana, la cual no puede sino verse incrementada ante crecientes niveles de hacinamiento. Lo anterior, de momento que resulta evidente que a mayor nivel de sobre poblamiento de las cárceles más ilusoria resulta la posibilidad de lograr una adecuada clasificación y separación de los internos, de acuerdo a su perfil y nivel de compromiso criminógeno. 

La verdad es que el derecho humano a la libertad, como asimismo el derecho a ser presumido y tratado como inocente, son garantías suficientes para alertarnos cada vez que resolvemos como sociedad enviar tras las rejas a una persona. Como si ello no fuera suficiente, el derecho a la vida, es también una contundente razón para cuestionar la prisión como la más adecuada respuesta estatal a todo comportamiento delictivo. 

No olvidemos que el Estado se debe al Ser Humano, en él encuentra su razón última de existencia y justificación. En ese sentido una obligación básica del Estado es proteger la vida de sus miembros, y no de algunos, sino que de todos, incluyendo, por cierto, a los que ha decidido poner tras las rejas.  

Si nos detenemos un segundo a pensar lo que estamos haciendo como sociedad al encerrar, en condiciones muchas veces infrahumanas a nuestros ciudadanos, nos podremos dar cuenta que en general estamos sometiendo a un ambiente que se caracteriza por su hostilidad y violencia a quienes ya han cursado una historia vital marcada por el maltrato, el atropello y las transgresiones. 

Desde esa errónea perspectiva, aun sabiendo que la violencia sólo genera más violencia, creeremos que será más fácil apagar un incendio con bencina que rehabilitar a quien se encuentra preso, sometido a un ambiente de cotidiana violencia donde, en los hechos, el real desafío no es quedar en condiciones de reinsertarse en la comunidad una vez cumplida la pena impuesta, sino que, simplemente, lograr sobrevivir a ella.

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