La renegociación de deudas de la persona deudora
Iván Gutiérrez, abogado Corporación de Asistencia Judicial
Columnista, Colaborador - 16-09-2020

En el comentario anterior hicimos una introducción a los procedimientos que contempla la ley de Insolvencia y Reemprendimiento, N°20.720, que establece un sistema de reorganización y liquidación de personas y empresas, hicimos referencia aque existen procedimientos para la persona y la empresa deudora, e indicamos quienes se consideran como tales para la ley. 

Hoy haremos un breve análisis del procedimiento de “renegociación” de deudas que contempla la ley, y al que se pueden acoger las personas deudoras. Para someterse a este procedimiento, entre otros requisitos, es importante que la persona deudora tenga dos o más deudas vencidas, por más de 90 días corridos, que sumen más de 80 UF, no haber emitido una boleta de honorarios los últimos 24 meses, y no haber sido notificado de una demanda de liquidación forzosa de bienes o de una demanda ejecutiva. La persona deudora debe además declarar todos los bienes raíces y muebles de valor de que es propietario, cuestión que es relevante para determinar si se acoge o no a este procedimiento, por lo que diremos.

Se trata de un procedimiento administrativo, no judicial, que lleva adelante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. En este procedimiento la Superintendencia actúa como una especie de mediador entre el deudor y sus acreedores, y se busca determinar el pasivo de la persona -deudas al día y vencidas- y luego lograr nuevas condiciones de pago de dichas deudas. Hay que ser muy claros, con este procedimiento no se pone término a las deudas -salvo que fracase la renegociación-  solamente se produce un reordenamiento de las condiciones de pago de las deudas de la persona, siempre y cuando dicha nueva fórmula de pago sea aceptada por los acreedores. Tiene que haber acuerdo con los acreedores tanto en la audiencia de determinación del pasivo del deudor, como en la audiencia de renegociación propiamente tal, para que el proceso concluya con éxito.

En definitiva, si el deudor alcanza un acuerdo con sus acreedores, las deudas determinadas, las debe  continuar pagando en las nuevas condiciones acordadas, todo lo cual se formaliza en una resolución que dicta la Superintendencia.

Es importante destacar que la persona deudora debe evaluar muy bien si le es conveniente someterse a este procedimiento, porque si el acuerdo con los acreedores fracasa, o bien, si después el deudor no paga o no cumple con sus deudas en la forma como fue renegociado su pago, se pasa a la ejecución de los bienes que declaró al acogerse al procedimiento.

Con ello quiero destacar que la ley no es la panacea. Antes de decidir someterse a este procedimiento el deudor debe evaluar muy bien su situación patrimonial y tener claro que existe este riesgo de que los acreedores no acepten la propuesta de renegociación, o bien, que por cualquier motivo el deudor no pueda dar cumplimiento, en cuyo caso queda expuesto a la ejecución de sus bienes, con lo cual, eso sí, se pagarán las deudas hasta donde alcance y se extinguirán en lo demás, pero tiene un costo para el deudor, que es la ejecución de sus bienes.

Desde ya, si las deudas no son muy significativas en cuantía, pero existe dificultad de pago  de las mismas por un repentino estado de cesantía o disminución de la actividad económica que desarrolla,  y el deudor cuenta con un patrimonio importante, como por ejemplo una propiedad y un vehículo, ese deudor debe pensar muy bien si se acoge a este procedimiento, ya que quizás esa propiedad y ese vehículo son el estímulo necesario para que los acreedores  no acepten la propuesta de renegociación y opten por ejecutar dichos bienes para pagarse en lo que alcance.

De ahí la importancia de una buena asesoría antes de acogerse a los procedimientos de la ley, en que la evaluación del pasivo y del patrimonio de la persona deudora resulta fundamental.

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