Los Independientes a la Constitución
Irina Morend Valdebenito, Geógrafa
Columnista, Colaborador - 21-11-2020

Uno de los desafíos más complejos para los Independientes es que logren acceder a la posibilidad de ser elegidos. Existen dos grandes barreras que deben superar: Lograr inscribir las candidaturas a enero del 2021 y la posibilidad de realizar alianzas con otros independientes o partidos para competir en iguales condiciones. En el primer caso, un independiente para poder ser candidato en la región de Aysén debe reunir 0,4% de firmas de personas que votaron en la elección de diputados, es decir, 152 firmas de patrocinio. Pero el proyecto de ley presentado en el Senado que permitiría rebajar al 0,2%, está detenido junto con la liberación de formularios por parte del Servel para inscribir firmas presenciales y/o la habilitación de firmas por la página del Servel vía clave única.  

En el segundo caso, si un candidato independiente quiere ser competitivo, debe ir en una lista con otros candidatos independientes. La lista debe ser paritaria y cebra, es decir, igual hombres que mujeres, encabezada por una mujer y seguida por un hombre, y así sucesivamente. Esta debe reunir 1,5% de las firmas, es decir, 571. Otro proyecto que mejora las condiciones de independientes fue rechazado en la cámara y está retenido en el Senado. Este permitiría que listas de independientes puedan hacer pactos entre sí o con partidos políticos bajo objetivos comunes, tal como lo hacen actualmente los propios partidos. 

Lo que preocupa, es que las leyes que mejoran las condiciones de competitividad de los independientes no se aprueben a tiempo dejando escasas posibilidades de competir y concluyendo que los independientes no fueron capaces de llegar. No sería un buen proceder en un momento y contexto que el país da señales claras de rechazo al modo de operar de los partidos políticos. Lo temerario es no lograr hacer la lectura oportuna de las señales ciudadanas. Estas señales no son jugarretas antojadizas, son la manifestación de una democracia herida por prácticas que han reñido con la ética cívica y la ética pública. 

Pero ¿política sin partidos políticos?, obvio que no. Pese a las dificultades, no sería asertivo eliminar el soporte del sistema democrático, dado que éstos, tienen el rol de influir en la conducción del Estado para alcanzar el bien común y servir al interés nacional (Ley N° 18.603, 2017). Porque el problema no está en su existencia, sino en una serie comportamientos y prácticas naturalizadas que llevan décadas de ejercicio y que no favorecen el bien común e interés nacional, sino que más bien reman a favor del interés particular. Lo que se requiere es un sistema de supervigilancia y fiscalización autónomo que regule y sancione las conductas que riñen con la ética y con las normas.

Pero siempre es necesario hacer la distinción, no todos los partidos políticos reproducen las malas prácticas y no todos los militantes están de acuerdo con éstas. Sin embargo, en el universo partidario, éstos últimos no han logrado ser contrapeso suficiente para mantener el sistema de partidos legitimado ante la ciudadanía. Inevitablemente pagan justos por pecadores. 

Es relevante despejar la duda que los independientes no son inmaculados, en muchos casos son personas que han militado y que se han decepcionado, otros que no han logrado sentido de pertenencia, otros que nunca han militado, pero sí, en su mayoría tienen definiciones claras del país que esperan reconstruir y de cómo el sistema político debe responder a los desafíos que el país a puesto. Los independientes son una fuerza política al día de hoy importante y algunos ven con preocupación como éstos están ocupando los espacios que han sido tradicionalmente propios, por ello intentarán con sutiles señales sembrar la incertidumbre o desestimar la legitimidad. 

Pero ¿Por qué no, mejor ver esto como una oportunidad en la cual se puede integrar en iguales condiciones a los independientes, respondiendo al llamado de la ciudadanía que espera que éstos lleguen a la Convención Constitucional?

Esta es una prueba de generosidad frente al desafío de unificar a las fuerzas políticas del apruebo para lograr más de dos tercios de Convencionales que estén disponibles para escribir una constitución de Derechos que ponga coto a la ambición desmedida y proteja la naturaleza, que proyecte un país justo y equitativo, que conciba la dignidad y la capacidad del ser humano y deje de mirar con desprecio al que no tiene o no puede. Es decir, un país desarrollado. 

 

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