Nueva Constitución e igualdad de derechos para la participación política
Patricio Segura Ortiz, Periodista y Candidato independiente a Convencional Constituyente. psegura@gmail.com - 12-01-2021

Este lunes se cerró el proceso de inscripción de candidaturas en todo el país, como paso fundamental para las elecciones del 11 de abril de 2021 que suplirán un número importante de cargos de representación popular en los municipios, los gobiernos regionales y la Convención Constitucional.

Fueron varias semanas de primarias, consultas públicas, controversias y búsqueda de patrocinios.  Una ciudadanía poco acostumbrada a menesteres político-electorales chocó no sólo con los desafíos de levantar plataformas independientes de partidos mediante alianzas con quienes comparten los mínimos esenciales, sino también tropezó con un sistema complejo, engorroso y elitista.  Uno que hace muy difícil que la señora Juanita pueda ser candidata a elección alguna.

El artículo 18 de la Constitución consagra que mediante una ley orgánica constitucional se “garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación candidaturas como en su participación en los señalados procesos”.  Extrañamente, o no tanto en realidad, la participación política no está cautelada en el artículo 19 que establece el catálogo de derechos y menos aún en el 20 que determina qué garantías son reclamables ante las cortes de apelaciones.

Existen instituciones expertas en procesos electorales: los partidos políticos.   Y aquello está bien, al ser este uno de los fines de dichos colectivos.  Para ello cuentan con financiamiento público, posibilidad vetada para las precandidaturas independientes que sólo cuentan con recursos con cargo a la votación una vez que son aceptadas sus postulaciones.  

Este hecho contradice lo que señala la Carta Fundamental en su artículo 18, toda vez que tal desigualdad implica menos posibilidades de inscribirse y participar.  Y es ahí cuando emergen opciones privadas, de tinte mercantil, como el Vota Feliz de Felices y Forrados, que impulsó múltiples candidaturas, inscribiéndolas y promocionándolas, siempre y cuando pagaran cuotas de membresía especial en la plataforma asesora de fondos de pensiones.  En el mundo feliz del modelo neoliberal.

Con estas trabas el bien público cercenado no es sólo el derecho a participar en los procesos electorales sino también de una ciudadanía-votante a tener más opciones sobre las cuales elegir a sus representantes.  El Estado debiera tener un sistema de soporte público que apoye a los candidatos y candidatas a cumplir con los requisitos y que vaya mucho más allá de la oficina de partes de las oficinas del Servicio Electoral, que por más buena voluntad que tienen no dan abasto para cumplir con las expectativas.

Pero estas barreras de entrada de corte técnico-económico no son las únicas.  Existen otras exclusivamente territoriales.

Una relevante, que ya se ha conocido en elecciones previas, es la que se impone a todos los candidatos y candidatas independientes que no viven en las capitales regionales.  Aunque afecta principalmente a posibles alcalde/sa y concejal/a, también complica a cualquier otra persona que quiera postular.  La declaración de la candidatura debe ser realizada presencialmente ante el director del Servicio Electoral, oficinas que se ubican en las cabeceras regionales.

En el caso de los partidos no es problema. Los pactos nacionales presentan sus listados completos en un solo acto en Santiago o, en su defecto, en las capitales regionales donde estén constituidos.  

Pero tal no es el caso de las y los independientes, que deben llevar 5 patrocinantes presenciales hasta las oficinas del Servicio Electoral, independiente de la comuna donde se resida y postule.  Esto genera que, por ejemplo, un o una independiente de la comuna de O’Higgins, Tortel o Las Guaitecas debe viajar hasta Coyhaique para cumplir con la normativa.  Esfuerzo que no requieren quienes postulan bajo el paraguas de un partido o pacto.

En días de pandemia y restricciones para la movilidad, el tema ha sido más complejo aún.  Y destacables son los esfuerzos del Servicio Electoral por flexibilizar los procedimientos para que nadie quede fuera por problemas tecnológicos o de distancia.  

Pero no basta con la voluntad.  Hay que cambiar la institucionalidad. Y las estructuras.   Donde la firma electrónica sea una realidad, formato que se ha visto funciona bastante bien luego de la suscripción de patrocinios mediante clave única.  Esto sumado a la alfabetización digital y el mejoramiento tecnológico de las comunidades aisladas.   Lo digo con conocimiento de causa al vivir a 15 kilómetros de Puerto Guadal donde la señal de telefonía e internet va de pésimo a mala.

Por ello, uno de los puntos clave en la nueva Constitución para poder ejercer plenamente el derecho la participación política, y tantos otros, es avanzar en democracia territorial.  Una que cada día haga menos relevante el lugar de residencia para ser ciudadano en plenitud.  

Sí, suena a utopía.  Y lo es, en el entendido que la irrelevancia total del lugar donde se habita para ejercer derechos es prácticamente un imposible.  Pero aún así, las constituciones son los marcos fundamentales que nos orientan en el viaje de comunidad que damos como país.  Y que obligan al sistema a irse adaptando a esos principios declarados, para que sean mucho más que tinta sobre un papel.

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