Redacción, Diario El Divisadero
El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) anunció que suspendió la definición del primer listado de sitios prioritarios para la conservación, una medida clave en la implementación de la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Se trata de una decisión adoptada luego de una lluvia de críticas surgidas desde el mundo empresarial, desde donde se advirtió un posible "congelamiento de la actividad productiva" en el país por el impacto de la medida.
En nuestra región, vecinos y dirigentes de la comuna de Chile Chico habían su disconformidad con el proceso, ya que "Estepa Jeinimeni - Lagunas Bahía Jara" fue incluida en la lista de Sitios Prioritarios, abarcando una parte importante de la localidad. Además, señalaron que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) fue arbitrario y poco transparente en la propuesta de Sitios Prioritarios, sin considerar la realidad local.
El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, apoyó a la comunidad y manifestó su preocupación por el proceso: "Esto refleja algo que venimos diciendo desde las regiones, no se puede avanzar en políticas tan relevantes, tan importantes sin considerar la realidad territorial. Las decisiones que se toman desde Santiago deben entender la diversidad de nuestras regiones, de nuestras actividades productivas y la forma en que vivimos en regiones extremas como Aysén. Que el proceso vuelva atrás es una oportunidad para que el Estado central escuche de verdad a las regiones y construya políticas ambientales serias, equilibradas y con sentido regional".
Vale la pena destacar, que la "Estepa Jeinimeni - Lagunas Bahía Jara", de convertirse en Sitio Prioritario, según el último polígono presentado, serían afectadas unas 35.000 hectáreas productivas de la localidad de Chile Chico, en las cuales se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas, frutícolas y turísticas, pilares históricos de la economía local. Esto debido a que, una vez que un territorio es declarado Sitio Prioritario, implica que cualquier actividad económica que se busque desarrollar, deberá someterse previamente a una evaluación de impacto ambiental, afectando la planificación y continuidad de los emprendimientos locales.


















