Tras la decisión del gobierno de aprobar la central Los Maquis, los recurrentes salieron al paso de lo señalado por las autoridades en el sentido de que "se levantaron todas las observaciones".  Esto, dado que en su visión las principales no habrían sido resueltas: que el proyecto debió ser evaluado mediante estudio de impacto ambiental y no sólo vía declaración.

Para Erwin Sandoval Gallardo, presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, en este caso la decisión apunta a que el gobierno de Gabriel Boric ampare que las empresas no cumplan la normativa. 

"Lamentablemente no podemos sino disentir y cuestionar la decisión adoptada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Aysén, en tanto es una decisión que no ha considerado suficientemente todas las observaciones que hemos vertido en el proceso y tampoco hace cumplir la ley" indicó el directivo.

"Desde el día uno hemos señalado que ésta es una iniciativa que debe ser evaluada a través de un estudio de impacto ambiental al estar emplazado al interior de un área puesta bajo protección oficial. Ello fue ratificado por tribunales ambientales en una sentencia de octubre del 2021, donde se estableció que éste era un proyecto con impactos significativos, por lo cual debía evaluarse con el mayor estándar" expresó.

Ante ello, y en conformidad a la misma ley, adelantó que "no nos queda más que seguir los conductos regulares y elevar esta discusión tanto a la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental como, en su minuto, a tribunales ambientales".

Por su parte uno de los vecinos afectados, integrante de la Red por los Maquis Libre, Cristóbal Weber, puntualizó que "estamos muy en desacuerdo con la decisión tomada por la Comisión de Evaluación Ambiental de aprobar el proyecto de la mini central Los Maquis".

Un aspecto es la descarbonización de la matriz, porque "como lo señala la empresa y también este gobierno que se dice llamar 'ecológico', esto no es correcto.  La cascada, en los meses de verano trae muy poca agua, serán más o menos cinco a siete meses al año en que la central probablemente no podrá operar. Entonces esto seguirá obligando a tener que usar petróleo".

Y sobre la rebaja de tarifas, "hacer funcionar la central Los Maquis tampoco nos traerá ningún beneficio a los vecinos de Puerto Guadal, ya que la tarifa eléctrica no va a disminuir siquiera un peso. Todo va a seguir igual, así que nosotros como vecinos de Los Maquis Libres vamos a seguir exigiendo justicia ambiental. El proyecto debe ingresar por un estudio de impacto ambiental, así que seguiremos luchando por eso".

La central hidroeléctrica Los Maquis comenzó a construirse en 2019, a pesar de que desde la comunidad se le advirtió que debía someterse a evaluación ambiental.  En su momento, las autoridades del gobierno de Sebastián Piñera apoyaron esta situación, tanto desde el Servicio de Evaluación Ambiental como de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Tuvo que ser el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia el que en octubre de 2021 determinara que el proyecto sí debía ingresar a evaluación ambiental, lo cual se materializó con un requerimiento de ingreso por parte de la SMA de junio de 2022.  proceso que se inició fallidamente en junio de 2023, del cual la empresa se desistió.  La iniciativa aprobada esta semana ingresó en octubre de 2024 y fue ahora aprobada tras un año de evaluación, en el marco de la cual se presentaron decenas de observaciones ciudadanas.

Actualmente se encuentra en el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia una reclamación de vecinos de la localidad en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente por aprobar un programa de cumplimiento que sólo exige la evaluación del proyecto (lo que debió hacer desde un principio), sin sancionar la construcción de la central eludiendo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En días en que se desarrolla en Brasil la COP30, la acción va en dirección contraria a la de apostar por energías limpias que no afecten ecosistemas sensibles.