Permisología y nueva ley marco

La permisología es un concepto que, desde hace algunos años, tiene uso recurrente ¿Por qué? Porque hace referencia a la excesiva cantidad de trámites y autorizaciones requeridas para la ejecución de proyectos de inversión. Lo que afecta de manera transversal a empresas, pymes y a todos los habitantes del país, pues se presenta en cada institución del Estado. 

No solo hablamos de permisos para grandes proyectos; la permisología está presente cuando un ciudadano requiere una autorización o documento y "pasea" de servicio en servicio para conseguir resolver la situación que lo aqueja. 

Y si para las grandes empresas, sortear el proceso de obtener autorizaciones es desafiante, para las pymes es una barrera casi infranqueable. Obtener un permiso sectorial en un tiempo acotado, de acuerdo a los plazos y montos que entrega una licitación, es como una especie de impuesto invisible a la inversión. 

Teniendo claro el concepto, desde la Cámara Chilena de la Construcción sede Coyhaique, no podemos más que valorar, el esfuerzo que ha realizado el Estado y el Congreso, al aprobar el proyecto "Ley Marco de Permisos Sectoriales", que si bien, no es la respuesta a todos los problemas que se enfrentan en esta materia, constituye un avance. 

Esta Ley -que actualmente está siendo revisada en el Tribunal Constitucional previo a su promulgación-, busca estandarizar, coordinar y simplificar las autorizaciones que entregan los órganos de la administración del Estado, lo que da mayores certezas a quienes deciden ejecutar un proyecto de inversión, público o privado. 

Hemos señalado que la permisología y la incerteza jurídica han afectado al país y región, especialmente al sector construcción, que, a pesar de presentar un repunte en la empleabilidad regional, aún no logra alcanzar las cifras de crecimiento previo a la pandemia. 

El trabajo para la puesta en marcha de esta nueva Ley -una vez salga del Tribunal Constitucional y sea promulgada por el Presidente de la República- será largo, habrá que revisar y readecuar los reglamentos de aproximadamente 37 servicios públicos, para modernizar más de 380 permisos sectoriales (es decir, no ambientales). 

Uno de los avances de este proyecto, es la posibilidad de reemplazar permisos por declaraciones juradas -en casos de bajo riesgo-. Además, permite efectuar trámites digitalmente, a través del Sistema SUPER; regula el silencio administrativo, establece responsabilidades para las instituciones y promueve revisiones periódicas para simplificar procesos. 

Hubo permisos sectoriales que no se incluyeron en el proyecto, como los otorgados por el Consejo de Monumentos Nacionales y la institucionalidad medioambiental, que concentran gran parte de los extensos plazos de tramitación, lo que esperamos sea abordado prontamente. A pesar de ello, el ministerio de Economía calcula que esta legislación podría optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos. 

La puesta en marcha de esta nueva ley se verá retrasada, porque 42 parlamentarios, ingresaron la ley al TC, esgrimiendo, entre otras cosas, que limita el rol del Estado en los controles preventivos.

Aysén requiere reactivarse y recuperar la senda del crecimiento tras la pandemia, y desde la CChC, seguiremos propiciando el debate y diálogo para sacar adelante iniciativas como esta, que mejoran los procesos sin disminuir la calidad de los mismos y que, para un territorio como Aysén, son la única vía para poder acercarse al desarrollo que tienen otras regiones del país.