Hoy, 20 de febrero, el calendario global marca el Día Mundial de la Justicia Social. Para muchos, podría parecer otra efeméride vacía nacida en los escritorios de las Naciones Unidas. Sin embargo, en el corazón de la Patagonia chilena, este concepto cobra una relevancia urgente y descarnada. Para la ciudadanía de Coyhaique y sus localidades aledañas, la justicia social no es una teoría: es la diferencia entre tener o no un especialista en el hospital, entre poder costear el combustible para pasar el invierno o ver cómo los recursos naturales se escurren por las grietas de la ilegalidad.

En nuestro territorio, la justicia social debe leerse a través del prisma del aislamiento. No existe equidad real cuando un ciudadano de Cochrane o Melinka debe pagar el doble por servicios básicos o alimentos en comparación con alguien de la zona central. El "sobreprecio de la distancia" es, en sí mismo, una forma de injusticia que el Estado chileno aún no logra compensar de manera estructural. La verdadera justicia social en Aysén empieza por garantizar una conectividad digna, donde el derecho al libre tránsito no dependa de las condiciones climáticas o de la voluntad de empresas de transporte que muchas veces olvidan su rol público.

Hechos recientes refuerzan esta necesidad de mirada crítica. La reciente incautación de seis toneladas de mariscos ilegales en Melinka no es solo un golpe al contrabando; es un síntoma de una deuda con la sostenibilidad y con los pescadores artesanales que sí cumplen la ley. La justicia social es también justicia ambiental: proteger nuestro patrimonio marino para que las futuras generaciones de ayseninos puedan vivir de él, y no permitir que la depredación externa agote nuestras fuentes de sustento.

Asimismo, la situación de la salud regional, reflejada en la lucha diaria de equipos como la Urgencia Gineco-Obstétrica del Hospital Regional, pone de manifiesto que la dignidad de la mujer y el recién nacido sigue dependiendo del esfuerzo heroico de trabajadores más que de un sistema robusto. No habrá justicia social mientras la geografía siga siendo una sentencia que limite el acceso a una salud de calidad.

Finalmente, este 20 de febrero debe servir para interpelar al centralismo. La justicia social en Aysén se construye reconociendo las particularidades de nuestra región, fomentando el empleo local (especialmente en sectores como el ciclismo o el turismo que hoy reciben inversiones necesarias) y asegurando que cada habitante, desde la pampa hasta el litoral, sienta que el Estado no es un ente lejano, sino un aliado en su desarrollo. La justicia, si no es territorial, simplemente no es justicia.