Señor Director:

Hace unos días, un informe de Contraloría reveló que entre 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos o de entidades que cumplen esa función a nivel nacional incumplieron el periodo de reposo indicado en su licencia médica por haber viajado fuera del país durante ese mismo lapso o parte de él.

Para quienes hemos trabajado en el servicio público, la verdad esto no es novedad. Este informe es reducido en tiempo, 2 años, y restringido solo a salidas al extranjero. Si se hiciera completo, se deberían agregar las licencias falsas para realizar trabajos privados, vacaciones en Chile, turismo regional, matrimonios, bautizos, etc.

Se que es malo generalizar, ya que en efecto hay funcionarios que realizan su función con esmero y responsabilidad, pero son miles también los que han colmado el aparato estatal, cobrando sueldos, bonos y otros beneficios, solo por haber tenido la suerte de haber llegado ahí, cambiando de sector político según su conveniencia.

Lo más lamentable de esto, es que será solo un titular, una noticia golondrina, ya que en la práctica se deberían hacer 25 mil sumarios, ¿quiénes lo harán? 

Un sumario es una especie de mini juicio, con un fiscal, actuario, presentación de defensas y pruebas. De iniciarse alguno de estos procedimientos, serán años de tramitación y muy pocos terminarán en sanciones severas.

Es obligación de todo funcionario: "Observar estrictamente el principio de probidad administrativa" (art. 61 letra g) Estatuto Administrativo), que de conformidad con lo previsto en el artículo 52 inciso 2º de la LOC Nº 18.575, consiste en "observar una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado", definición que reproduce el artículo 1º inciso 2º de la Ley Nº 20.880.

 En este contexto, el artículo 13 inciso 1º de la LOC Nº 18.575 determina que la jurisprudencia de Contraloría ha precisado, en su Dictamen Nº 42.372, de 2010, que "el principio de probidad administrativa no sólo constituye un sinónimo de honestidad, sino que alcanza a todas las actividades que un funcionario público realiza en el ejercicio de su cargo, teniendo, incluso, por aplicación de tal principio, el deber de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función". Lo anterior, por cuanto "la calidad de servidor público no sólo obliga al correcto desempeño de las actividades propias del respectivo empleo y de aquellas a que se acceda en virtud de tal calidad, sino que incluso afecta al comportamiento privado del funcionario, en tanto pudiere significar, entre otros efectos, desprestigio del servicio o faltar a la lealtad debida a sus jefaturas, a sus compañeros y a la comunidad".

Mientras el Estado no se modernice, no se regule el proceso de selección del personal dividiendo a los funcionarios del Estado con los de Gobierno, mientras las calificaciones sean un chiste en que todos sobresalen, levitan, se teletransportan, y al que se ose calificar como un ser humano no reclame hasta en la Corte de la Haya.

Este cambio radical es complejo, costoso en términos políticos, difícil de implementar, pero como sociedad debemos empujar por ello, nuestro país cada día se acerca más a Centroamérica y se aleja más de la OCDE, con quien tanto nos gusta compararnos. Son estos hechos los que van socavando y horadando las bases de la sociedad, de la democracia, quebrando la confianza de los ciudadanos honestos y trabajadores, aburridos de políticos oportunistas, mentirosos y corruptos, dirigentes sindicales apoltronados por décadas defendiendo lo indefendible, instituciones pútridas de capitán a paje, amparados en que en nuestro hermoso país, nunca pasa nada.