Harta repercusión tuvo la publicación sobre el loteo de parte del Parque Nacional Cerro Castillo. Y sospechamos no es el único intento de loteo de áreas protegidas. Eso, sin contar las concesiones salmoneras y sus hipotecas en esas áreas.  Y lo que pasa, es que las áreas protegidas y bienes nacionales ¿le importan a alguien en este país? La verdad es que da la sensación que hay toda una conspiración, no solo de especuladores, inmobiliarias, inversores o como los quieran llamar, sino también de la institucionalidad estatal en hacer como que no existen. 

En eso vale analizar este último caso, en que el SAG autoriza un loteo en el borde (y dentro) de un área protegida sin preguntarle a Conaf, ni considerar el articulo 10 g) y p) y 11 d) de la Ley del Medio Ambiente. Para remate, ya había una mala experiencia anterior con el loteo en el borde del Área de Protección Rio Claro. Luego, a causa del reclamo de unos vecinos, es la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA, la que fiscaliza e informa, en el 2020, de la afectación al parque nacional, informe que nos llegó de rebote y le consultamos a Conaf, la cual a su vez ofició a Bienes Nacionales. Y de ahí volvió a la SMA, la cual nos informa al ser parte de la denuncia. ¡En eso pasaron cuatro años y los loteadores hasta estuvieron a punto de poner un puente hacia el parque nacional! Y claro, esos loteadores no son unos cualquiera, sino que inmobiliarias pesos pesados (Chile Rural AG) que llegaron hasta la Corte Suprema y amenazan a funcionarios del SAG de demandarlos, si les "trancan" sus negocios. Por lo tanto, la SMA se anda con mucho cuidado. 

Algo parecido pasa con las salmoneras, donde, ni la Subsecretaria de Fuerzas Armadas (antes de la Marina), ni la Subsecretaria de Pesca y Acuicultura han consultado alguna vez a Conaf o Bienes Nacionales acerca de si las concesiones que están tramitando se encuentran en un área protegida y afectan a bienes nacionales de uso público. De hecho, en estos últimos tiempos, nos hemos encontrado con los casos más insólitos de concesiones, hasta en parques nacionales, que ni siquiera cuentan con permisos ambientales, otras que están ahí cinco a nueve años sin operar sin que las caduquen y ahora las relocalizarán, dos con hipoteca ya relocalizadas, e incluso una a ser relocalizada también caducable y que conto con autorización por la Conama a pesar de saber que está en un parque nacional. ¿Y si las áreas protegidas le importan un rábano a quienes por ley debieran velar por su protección, como pretenden que los buitres no se adueñen de ellas? 

Mas insólito aun, es el que sabiendo que hay ocupadores ilegales en un parque nacional, nadie hace nada por sacarlos. Es más, hacen como que cometen otras transgresiones y tratan de cargarle esas, pero que estén en el parque como que no importase. Esto lo estamos viendo en el caso de Nova Austral que tiene 19 concesiones en el PN Alberto de Agostini y las concesiones que Cooke Aquaculture tiene en el PN y Reserva de la Biósfera Laguna San Rafael, en que van años en que la SMA anda buscándole "el cuesco a la breva" y como que dan lo mismo esos parques. Peor aún, en eso de andar encontrándoles trasgresiones ambientales, graves por lo demás, hasta se han encontrado con el Tribunal Ambiental dictaminando "que no pueden ser tan pesados y aplicarle castigos tan terribles a la pobrecita salmonera noruega esa", mientras el parque nacional ¡bien gracias! La verdad es que a veces da la impresión que todo es una gran "embolinada de la perdiz" y en este país actual lo único que importa son las apariencias y el vil US$.

Justamente estábamos recién en reunión con el Subsecretario de Pesca y Acuicultura en la que algo se trató este tema. Y a una de las conclusiones que llegamos es que esto de las concesiones ilegales era parte de un modus operandis que duro décadas y en las cuales hoy en día el Estado (habitualmente descoordinado) no encuentra forma de sacarlos sin pagar altos costos. La verdad es que, aparte del tremendo error de administraciones anteriores y por el cual nadie les pasa la cuenta, uno no se explica como los poderes fácticos se adueñan de parte de parques nacionales donde a todas luces legalmente no pueden estar, sin que exista forma de sacarlos de ahí, cuando solo son concesiones y son caducables. Si uno como ciudadano cualquiera hiciera algo así, y más encima destruye y contamina el parque, seguro lo sacan a patadas o nos meten presos.