Fortalecer nuestras instituciones es la única forma de garantizar que el cuidado del medio ambiente sea una política de Estado. En estos años, nos propusimos elevar el estándar de la gestión pública en Aysén, entendiendo que para ejecutar proyectos de gran impacto se necesita una estructura sólida, profesional y con reglas claras. Al ordenar la casa y dotar a la región de herramientas técnicas de primer nivel, estamos asegurando que el futuro de Aysén esté en manos de instituciones capaces de responder con agilidad y justicia a los desafíos del mañana.

Bajo el liderazgo del Presidente Gabriel Boric, Chile ha vivido una transformación institucional que da pasos firmes hacia el futuro. A nivel nacional, la promulgación de la Ley de la Naturaleza (Ley N°21600) marcaron un antes y un después en nuestra historia ambiental. También pusimos foco en la modernización del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, actualizando sus reglamentos y modernizando la gestión del Servicio de Evaluación Ambiental. También trabajamos por la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, que busca fortalecer el sistema de fiscalización ambiental nacional y que esperamos el próximo gobierno pueda promulgar luego de todos estos años de trabajo legislativo. Al fortalecer el brazo operativo, fiscalizador y evaluador del Estado, estamos construyendo un país donde las reglas del juego son transparentes para todos, garantizando un crecimiento que respete los límites de nuestro planeta.

En Aysén, el orden institucional se traduce en cifras históricas de inversión que demuestran que la protección ambiental da certezas al desarrollo. Gracias a una gestión eficiente y técnica, aprobamos más de U$128 millones de dólares en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, superando la inversión aprobada en la administración anterior. Pero nuestra planificación fue más allá: dejamos ingresado el proyecto Chacra G1 por otros U$144 millones de dólares, lo que totaliza una inversión gestionada bajo nuestro gobierno de más de U$272 millones de dólares para la región. Estas no son solo cifras; es la prueba de que cuando las instituciones funcionan con rigor y transparencia, el desarrollo llega a Aysén con proyectos serios, responsables y con visión de futuro.

Esta solidez administrativa se complementa con la presencia territorial. Marcamos un hito al inaugurar la primera oficina regional del Servicio de Biodiversidad y nombrar a su primer director regional. Al mismo tiempo, a través del trabajo riguroso de la Superintendencia del Medio Ambiente, fortalecimos la vigilancia con más de 3.000 fiscalizaciones y 3 llevamos adelante procesos sancionatorios históricos por parte de la SMA. A nivel de la SEREMI, logramos que el 100% de los municipios de la región ingresaran al Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM) durante nuestro gobierno, asegurando que la gestión ambiental sea una prioridad en cada rincón de Aysén. Pero hay un hito con el que hicimos historia respecto a la democracia ambiental: Conformamos la Mesa Estratégica regional de Escazú, que pone en una relación horizontal y comprometida con el trabajo ambiental en la región al mundo público, gremios productivos, organizaciones de la sociedad civil y la academia, para implementar en la región, más acceso a la información, fortalecimiento de capacidades, democracia participativa y justicia territorial.

Construir cimientos firmes es nuestra forma de decirles a las familias de Aysén que su bienestar está resguardado por un Estado moderno y eficiente. Hemos trabajado para que, al terminar este gobierno, la institucionalidad sea una herencia sólida que permita a Aysén seguir floreciendo con orden y planificación. Lo hicimos porque estamos convencidos de que una naturaleza protegida es la base de una sociedad más justa y próspera para todos.