Valparaíso-. Desde mayo de este año se tramita en la Cámara de Diputados el proyecto que busca reformar la Ley Orgánica Constitucional de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).   Ésta fue revisada ya por la Comisión de Medio Ambiente, siendo hoy revisada por la Comisión de Hacienda.

Fue en este contexto que este lunes el presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (Codesa), Erwin Sandoval Gallardo, expuso la experiencia que en la región se tiene con respecto al desempeño del organismo.  Codesa, junto a ONG FIMA y la Agrupación Aysén Reserva de Vida, ha revertido múltiples resoluciones de la SMA en Aysén ante los tribunales ambientales, relacionadas con el proyecto minero Los Domos de Equus Mining (aledaño al Parque Nacional Patagonia), la central hidroeléctrica Los Maquis de Edelaysén, además de desarrollos inmobiliarios y centros salmoneros.

La exposición se sustentó en que en las semanas previas el propio organismo expuso sus gestiones con relación a las exploraciones de Equus Mining por el proyecto Los Domos aledaño al Parque Patagonia, incluso cuando desde Codesa han debido recurrir a tribunales ambientales para revertir sus decisiones en este caso y en materia de mega loteos inmobiliarios, salmonicultura, centrales hidroeléctricas.

Sandoval inició su presentación refiriéndose a "las deudas de la SMA con la protección de la naturaleza y las comunidades de Aysén, principalmente en tema de minería".  Esto ya que, aunque se han enfrentado al organismo en materia de mega loteos inmobiliarios, salmonicultura, centrales hidroeléctricas, es en este ámbito donde se puede ver "su pasividad, su lentitud".

Enumeró en la ocasión los problemas "con el proyecto Minero Los Domos, las prospecciones mineras de Equus Mining en sector Cerro Bayo y el tranque de relaves Confluencia", en tanto "casos de larga data de contaminación minera, de graves impactos ambientales que no avanzan y en los cuales las comunidades, los denunciantes, tenemos muy poco margen, inclusive legal, de injerencia". 

En el caso de Los Domos explicó que en enero de 2023 la SMA derivó los antecedentes por desarrollar exploraciones sin evaluación ambiental, en un área puesta bajo protección oficial como es el Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni-Lagunas de Bahía Jara.  Sin embargo, a casi dos años desde ese anuncio "no tiene ningún movimiento", en circunstancias que son ilegalidades que se remontan al año 2017.  Es gracias a las acciones de Codesa y otras organizaciones que la empresa no ha podido continuar con sus trabajos al margen de la legalidad. 

Un caso similar es el que ocurre con Compañía Minera Cerro Bayo (desde fines de 2021 también propiedad de Equus Mining), que producto de más de 50 prospecciones mineras en el mismo sitio prioritario fue denunciada por eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  En diciembre de 2022 la SMA también informó que iniciaría un procedimiento sancionatorio, sin que a la fecha se haya avanzado en esta materia.

Y en la misma línea está las necesarias sanciones por los incumplimientos en la operación del tranque de relaves Confluencia, de Compañía Minera El Toqui, hoy de Minera Pacífico Sur.  Este procedimiento se encuentra paralizado desde septiembre de 2020, a lo que se suma que es un pasivo ambiental que sigue contaminando Alto Mañihuales, exponiendo la vida de las personas, el agua y las actividades productivas.

Propuestas

Tras su exposición, Erwin Sandoval realizó una serie de recomendaciones. La primera, solicitar a la Cámara de Diputados que ejerza sus facultades fiscalizadoras ante la paralización de procedimientos sancionatorios de actos que afectan, como en el caso del tranque de relaves Confluencia, los derechos humanos de las personas.

Además, que se refuercen las competencias de la SMA, así como su presupuesto. "En la región de Aysén hay solo tres fiscalizadores para las problemáticas asociadas a incumplimientos ambientales, lo cual efectivamente favorece que muchos queden en la impunidad" explicó. 

A esto agregó que se requiere que "se amplíe la participación de los denunciantes interesados en las etapas tempranas del procedimiento administrativo, porque por ejemplo en la denuncia por las 52 prospecciones interpusimos la denuncia, pero cuando pedimos información sobre el estado de ésta nos responden que el procedimiento de investigación es secreto mientras no se formulen cargos". Y mientras tanto, ya han pasado tres años y la comunidad no cuenta con información sobre el avance de los procedimientos sustanciados por la SMA.

Debido a que en estos tres casos los proyectos fueron enajenados, es esencial que "la transferencia de concesiones y de permisos ambientales esté limitada, regulada y monitoreada, por la SMA. No puede ser que titulares de proyectos que están siendo objeto de procedimientos sancionatorios los vendan en búsqueda de eludir las sanciones, los procedimientos administrativos y la responsabilidad, en definitiva, por las infracciones que cometen".

Por último, el dirigente planteó que los requerimientos de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tienen que ser herramientas complementarias al procedimiento sancionatorio y no alternativo a este.  "No puede ser que el mensaje institucional sea que a lo único que usted se arriesga por ejecutar ilegalmente sus proyectos, incluso en áreas protegidas, es que lo evalúe después" puntualizó.