Redacción, Diario El Divisadero 
Tras una acusación presentada por la Fiscalía Local de Coyhaique, el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal resolvió hoy condenar a tres imputados, un hombre y dos mujeres, en el marco de una causa por explotación sexual infantil y microtráfico de estupefacientes formalizada en junio del año pasado en Coyhaique.
El juicio fue asumido por el Fiscal Jefe de Coyhaique, Luis Contreras Alfaro, quien además dirigió la investigación desplegada por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI.
La sentencia aplicada por los jueces del Tribunal Oral fue de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo para una imputada de 25 años, condenada por el delito de explotación sexual infantil. Por su parte un imputado de 27 años, quien efectuaba labores de transporte informal de pasajeros, fue condenado por 4 delitos que en total suman más de 9 años de cárcel, los cuales incluyen 4 años de presidio por obtención de servicios sexuales de personas menores de edad, 3 años por porte ilegal de arma de fogueo adaptable, 600 días por almacenamiento de material pornográfico infantil y 300 días por microtráfico.
En tanto la tercera imputada, de 39 años, fue condenada a 600 días de presidio por el delito de microtráfico de drogas.
Este caso corresponde al primer juicio oral por explotación sexual infantil desarrollado en la Región de Aysén.
FENÓMENO
En junio del año pasado, cuando este caso fue formalizado, el fiscal Luis Contreras reflexionó en torno a los diversos factores que se relacionan en la explotación sexual infantil. "En el fenómeno de la explotación sexual infantil siempre se entremezclan situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, de situaciones de negligencias parentales, cosas que están siempre en conjunto con situaciones como el tráfico de drogas, consumo de drogas y además el hecho de que los adolescentes normalmente se ven obnubilados por la existencia de teléfonos celulares u otro tipo de recompensas frente a acciones que, en principio, por su edad, puede que no contemplen o no consideren como riesgosos. Sin embargo, efectivamente, todas esas conductas actualmente están sancionadas por la ley y hay que perseguirlas".
Este caso de explotación sexual infantil contó con el apoyo del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia y el Programa Mi Abogado. Esta última entidad también participó como querellante en el juicio oral.
Asimismo, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional también tuvo una participación destacada, facilitando la declaración anticipada de una de las adolescentes y el acompañamiento de otra durante la audiencia de juicio oral, efectuando contención, protección y apoyo.
