En 1986, James Buchanan recibió el Premio Nobel de Economía por el desarrollo de la Teoría de la elección pública junto a Gordon Tullock al señalar que los actores públicos no actuaban guiados por el bien común, sino que los políticos, burócratas y funcionarios responden a incentivos, intereses y cuotas de poder.

El problema comenzó cuando la derecha transformó esta teoría en uno de los pilares intelectuales para justificar el achicamiento y debilitamiento del Estado, mientras avanzaba simultáneamente en una peligrosa idealización del mercado. Respaldados también por postulados de la Escuela de Chicago, instalaron la idea de que la búsqueda de intereses individuales maximiza automáticamente el bienestar de toda la sociedad.

Pero el mercado perfecto no existe.

No existe competencia perfecta. No existe igualdad de información. No existe igualdad de poder entre actores económicos. Y menos aún en sociedades como la chilena, donde la riqueza y la influencia están altamente concentradas.

La evidencia está a la vista. Chile conoce demasiado bien los efectos de la concentración económica y de la ausencia de contrapesos efectivos: la colusión de las farmacias, la colusión del confort, la colusión de los pollos y tantos otros abusos que operaron durante años mientras el mercado supuestamente se autorregulaba. Lo mismo ocurre con la captura regulatoria que observamos en sectores como las ISAPRES, las AFP, la pesca o en subsidios y beneficios incorporados en la llamada ley miscelánea que favorecen a la construcción. Incluso hemos visto cómo el poder y las redes de influencia penetran instituciones fundamentales, influyendo hasta en los nombramientos de jueces en los más altos tribunales del país.

Lo que ocurrió —y se profundiza hoy— fue exactamente lo contrario a la promesa neoliberal. Los grandes actores económicos no maximizaron el bienestar social; maximizaron sus utilidades, consolidaron posiciones dominantes y abusaron de consumidores y de actores económicos más débiles que no tenían posibilidad real de defenderse.

Porque cuando el Estado renuncia a su rol de resguardar el bien común, el poder económico incumbente ocupa ese vacío para consolidar posiciones dominantes y moldear las reglas del juego a su favor.

Y eso es precisamente lo que vuelve tan preocupante la llamada "ley de reconstrucción". Bajo el discurso de reactivar la economía y acelerar inversiones, se impulsa una contrarreforma que reduce capacidades del Estado, debilita regulaciones y rebaja impuestos al sector de mayores ingresos, trasladando aún más poder hacia grandes actores privados. La historia demuestra que no habrá un aumento significativo de empleos y menos habrá redistribución.

El problema no es solamente económico. Es democrático.

Porque el gran aporte histórico de la democracia moderna no fue eliminar el poder —algo imposible— sino equilibrarlo en beneficio de todos. Y ese equilibrio no se limita a la separación entre Ejecutivo, Congreso y Poder Judicial. También debe existir entre el Estado y el poder económico privado.

Cuando ese equilibrio desaparece y el Estado pierde capacidad de fiscalizar, regular y redistribuir, la democracia comienza lentamente a vaciarse y a desprestigiarse abriendo camino a aventuras totalitarias.

Las elecciones siguen existiendo. Las instituciones siguen funcionando. Los discursos sobre libertad permanecen intactos. Pero el poder real comienza a concentrarse cada vez más en quienes poseen mayor capacidad económica, influencia regulatoria, acceso privilegiado y control comunicacional.

La gran contradicción de los sectores neoliberales es que desconfían profundamente de la concentración de poder en el Estado, pero parecen no tener problema con la concentración de poder en grandes conglomerados económicos. Al revés, quienes desconfían en la concentración de poder en el sector privado, parecen no tener problemas con la concentración de poder en el Estado.

Sin embargo, la historia reciente demuestra que ambos requieren contrapesos.

La teoría de la elección pública tenía razón al advertir que las personas actúan según incentivos y persiguen intereses propios. El error fue creer que eso solo ocurría en el Estado y no en el mercado.

Porque cuando el poder económico logra debilitar al Estado en beneficio propio, ya no estamos frente a un mercado libre. Estamos frente al poder privatizado.