El Macayazo es ese golpe al mentón que te deja asqueada y tan noqueada que cuesta volver al momento antes del golpe.
Pero aclaremos: no es tanta la inocencia para no haber previsto el golpe. Que a un condenado pedófilo lo dejen ir a su casa tranquilamente a esperar si hay recursos que podrían presentar los abogados defensores, no debiera constituirse en un hecho asombroso. Porque ya sabemos que el dinero y el silencio cómplice puede lograr "milagros". Como éste, donde Macaya padre (porque hay un hijo senador político UDI del mismo apellido), condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando por la comisión de cuatro delitos de abuso sexual contra dos víctimas menores de 14 años, no permanezca en la cárcel en espera de la ejecución de la condena es un milagro que muchos se quisieran. En vez de eso es enviado al calor de su hogar, a su mullida cama, a su entorno seguro y confortable y, lo que es muy probable, al ambiente donde puede seguir cometiendo delitos sexuales contra menores de edad. Incluso, puede temerse fuga y así eludir la condena de 6 años de presidio que le impuso el tribunal. Y nuevamente no le faltaría apoyo de sus redes de amigos poderosos y de otros obsecuentes con el dinero y el poder.
Que hay una justicia para ricos y otra para pobres, no es novedad. Es un hecho palpable en este caso. También uno puede preguntarse si lo que está mal es la Justicia o los Jueces, al final se descubre que son la misma cosa. Aunque hay honrosas y destacables excepciones.
Hay otros casos que indignan, donde se observan tratos diferentes dependiendo de si es un delincuente ABC1 o un simple ladrón del estrato XYZ. Sigamos la pista donde está la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, procesada por delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, con una suma superior a los 35 millones de dólares. Está con arresto domiciliario y en cuatro ocasiones no abrió la puerta a Carabineros para firmar el documento que confirma que se encuentra al interior del domicilio. Cabe la duda si esta ex alcaldesa UDI estaba o no en su casa. Pero sigue igual, con su esposo diputado quien tenía (aún tiene) por mandato del cargo vigilar los recursos públicos del distrito que representa, donde está la comuna de Maipú. Quizás los está vigilando muy de cerca.
El ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, imputado por delitos de fraude, asociación ilícita y lavado de activos, con 2.300 millones de pesos en una de sus cuentas personales, dejó su celda en el anexo penitenciario Capitán Yáber tras pago de $220 millones. Cuestión de pesos más pesos menos para este ex RN.
Virginia Reginatto estuvo al mando del municipio viñamarino por 16 años y medio de manera ininterrumpida, hasta que el Tricel acogiera el requerimiento de cesación en el cargo de concejala por "notable abandono de deberes" por el déficit de $17.500 millones de las arcas municipales durante su administración, quedando inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 5 años. Actualmente la fiscalía le solicita a la ex alcaldesa que entregue sus cartolas bancarias de los años 2010, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 en una investigación por millonarias indemnizaciones de la Corporación Municipal. Por si no lo saben, no está en la cárcel.
El (ahora) ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue lleva preso más de 1 mes en Capitán Yáber cumpliendo una "pena anticipada y desproporcionada", por posibles delitos cometidos. Esto, en un claro lawfare para aquel que con su gestión frente al municipio demostró que es posible un modelo económico diferente al capitalista, que entrega dignidad y bienestar a la gente.
Juzgue usted las diferencias frente a la ley.