Quienes habitamos la región de Aysén valoramos, por sobre muchas cosas, la tranquilidad de nuestras comunidades. Por eso, cuando vemos a un individuo que ha sido detenido por la policía y puesto a disposición de la fiscalía en reiteradas oportunidades, caminando libremente por nuestras calles, la sensación de burla es inevitable. Para el ciudadano de a pie, aquellos que nos levantamos temprano a trabajar y respetamos las normas, esto no es un invento de la prensa; es una realidad que genera una indignación tan profunda como legítima.

Frente a esta frustración diaria, es muy común que caigamos en la tentación de apuntar con el dedo a un solo culpable. Sin embargo, el fenómeno de la llamada "puerta giratoria" no es obra de un solo villano local, sino el resultado de un sistema procesal nacional que falla desde sus cimientos y cuya responsabilidad se diluye en una compleja maquinaria burocrática.

Todo comienza en nuestras propias calles. Carabineros y la PDI hacen su trabajo, muchas veces deteniendo al mismo infractor semana tras semana. No obstante, si esa captura no cumple con requisitos técnicos sumamente inflexibles dictados por la ley, como los plazos exactos de la flagrancia o el procedimiento milimétrico de un control de identidad, el tribunal se ve obligado a declarar la detención ilegal. En ese preciso instante, el delincuente recobra su libertad, sin importar cuán abultado sea su prontuario histórico.

Pero la raíz más profunda de esta impunidad legalizada se gesta a miles de kilómetros de la Patagonia, en los pasillos del Congreso. Nuestras leyes están redactadas para castigar el delito aislado, haciendo la vista gorda frente a la "carrera" delictual. El sistema procesal chileno no acumula penas de forma efectiva para los delitos menores. Si un individuo hurta un artículo de bajo valor por vigésima vez, se le juzga exclusivamente por ese hecho puntual.

Es aquí donde recae un peso injusto sobre la percepción ciudadana hacia los jueces. En Aysén y en todo el país, existe el mito facilista de que los jueces de garantía son "blandos". La realidad es mucho más técnica y amarga: los magistrados son esclavos de la ley. La normativa actual les ata las manos, impidiéndoles dictar prisión preventiva por hurtos menores, por más reincidente que sea el sujeto. Si un juez decidiera encarcelar a alguien fuera de los márgenes que dicta el Congreso, estaría cometiendo un delito.

A esta camisa de fuerza legal se suma el colapso operativo del Ministerio Público. Si las fiscalías llevaran cada hurto o robo menor a un juicio oral, el sistema judicial simplemente colapsaría. La válvula de escape legal son las famosas "salidas alternativas". ¿El resultado? El imputado firma un acuerdo, sale en libertad inmediata y el ciclo vuelve a empezar, aprovechándose de un sistema estatal que, en regiones extensas y aisladas como la nuestra, a veces tarda demasiado en cruzar la información.

El problema de fondo que enfrentamos no es un "garantismo" abstracto diseñado para proteger los derechos humanos de los delincuentes, sino una ineficiencia burocrática brutal para frenar a quien ha hecho del delito menor su profesión. Nuestros parlamentarios tienen una deuda urgente: legislar para que exista una acumulación real y drástica de antecedentes que evite la reincidencia.

Hasta que no se rediseñe la forma en que castigamos la delincuencia habitual, los vecinos de Aysén seguiremos viendo, con justificada rabia, cómo el mismo rostro que fue detenido por vigésima vez vuelve a salir por la puerta principal de la comisaría, caminando libremente por las mismas calles que nosotros nos esforzamos en mantener seguras.