Todos, incluidos los medios de comunicación, debemos sumarnos a un gran objetivo regional que abogue y permita desarrollar este territorio austral para que deje de ser una zona olvidada, rezagada y complicada para los gobiernos.

Lo que requerimos es un Estado más presente que entienda que acá la rentabilidad no es tema, y que la infraestructura habilitante que tanto necesitamos para generar desarrollo, no puede seguir esperando décadas y décadas. El puerto de Chacabuco requiere ser modernizado, ampliado, se necesitan más y mejores caminos, logística, conectividad digital de mejor estándar, pavimentar más carretera austral y calles de las principales ciudades de la región, y muchas otras necesidades que, si no están a nuestro alcance, simplemente seguirán condicionando el progreso de Aysén y sus habitantes.

Hemos sostenido reiteradamente que la búsqueda de consensos es una acción que nos convoca sin exclusión ni sesgos y comenzar a construir una mejor región, es un propósito urgente que no tiene domicilio ideológico, al contrario, es una meta colectiva transversal y que trasciende a los gobiernos.

Porque los desafíos son diversos y algunos muy ambiciosos, pero para cualquier sociedad democrática tener objetivos claros es un incentivo para sumarse al trabajo que demanda el poder conseguir esas metas. Y así lo debe entender también el gobierno y no ver fantasmas donde no los hay. 

Hoy el foco está puesto en la reactivación económica y en las elecciones de noviembre, pero también hay muchísimos otros temas que son prioritarios y que llevan años esperando reacción y resolución. Lo relevante como comunidad es que siempre debemos asumir colectivamente nuevos desafíos, con las ganas de avanzar en aquellas áreas donde aún se advierten dificultades y con la convicción de que vienen mejores días en todos los ámbitos. 

Y no solo el gobierno y la clase política tienen la responsabilidad de trabajar para lograr una mejor región y más desarrollo. También hay una cuota relevante de responsabilidad en la labor legislativa y en el aporte que cada ciudadano y ciudadana pueden y deben hacer. 

Necesitamos una institucionalidad pública y una convicción del mundo privado que se pueda hacer cargo de las necesidades más urgentes, pero también de sostener los cambios que los ciudadanos/as demandan en todo ámbito. 

Porque más allá de cualquier duda, la colaboración público-privada es claramente una alianza fundamental para despegar, para reactivar y para asumir los nuevos desafíos con la fuerza y la convicción que un propósito como este requiere.