Coyhaique-. Este miércoles 29 de enero, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un Recurso de Protección en contra del Servicio de Salud Aysén, la Secretaría Ministerial de Salud de Aysén, el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis) y la Secretaría Ministerial de Desarrollo Social y Familia (Mideso), "por el acto ilegal y arbitrario de haber omitido otorgar una solución al problema de vida y salud que afecta al joven J.B."

El recurso de protección denuncia que las autoridades regionales se encuentran vulnerando los derechos de este joven, además de estar en pleno conocimiento de que existe un problema regional, sin actuar o desarrollar algún plan destinado a solucionar ya sea el caso particular de este joven o las falencias existentes en la Región de Aysén en materia de salud mental. 

Asimismo, lo reconoce la seremi de Salud subrogante, Silvia Delfín, el pasado 20 de enero en una entrevista con diario El Divisadero. El artículo es citado en el escrito detallando las declaraciones de la autoridad con respecto a la situación de J.B., joven con Trastorno del Espectro Autista (TEA), agravado por su situación de calle, falta de red de apoyo y una afección psiquiátrica, la que por derecho a la privacidad del paciente no se puede divulgar. 

Según señala el escrito "…Si bien desde la Seremi de Salud se reconoce la falta de respuesta adecuada al caso de J.B., y la necesidad de contar con una residencia o dispositivo en el que pudiese residir, lo cierto es que hasta el momento son solo ideas, sin que exista algún plan concreto ni plazos para su implementación. En otras palabras: el diagnóstico está claro para la autoridad de salud; falta una residencia u dispositivo (hogar, unidad hospitalaria de salud mental, u otro) que pueda acoger casos como el de J.B. en nuestra región. Lo preocupante, y que admite la propia autoridad de la Seremi de Salud de Aysén, es que no existe plan alguno hasta este momento para intentar terminar la situación de desamparo y desprotección en que se encuentra J.B., que por lo demás es ya de larga data".

El recurso, presentado en la Corte de Apelaciones de Coyhaique, describe que el muchacho fue "internado involuntariamente el 20 de enero luego de diversas denuncias realizadas a carabineros, quienes ofician al Servicio de Salud solicitando la adopción de alguna medida a su respecto". Sin embargo, "transcurridos pocos días de esa medida, ya el 23 de enero el joven es visto deambulando nuevamente por las calles de la ciudad, en situación de calle". 

Intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sede Aysén

Luciano González, abogado del INDH sede Aysén, explicó que este recurso de protección se presenta buscando que los organismos públicos de la región actúen de la forma que les compete en este caso que ya es de "larga data". 

Detalla que este recurso es necesario porque "no vemos que haya medidas concretas, que generen un cambio en la situación del afectado. Más bien, vemos que hay un deterioro de esta situación y que son más constantes los episodios de desregulación y que, por tanto, se han hecho necesarias muchas veces, por ejemplo, desde los comercios llamadas a Carabineros para poder intervenir".

El abogado también explica que el recurso de protección se presentó en contra de estos organismos de salud, porque depende de ellos la gestión del tratamiento y generar una adherencia del tratamiento de la persona afectada. 

Y agrega, que el recurso se extiende también al Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis), porque de acuerdo a la ley, este organismo es el que debe velar por la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la participación de las personas con discapacidad.