La privación de libertad en nuestra región

Considerando que ningún sistema carcelario tiene una capacidad ilimitada para recibir personas privadas de libertad, es urgente reflexionar en torno a la actual situación carcelaria existente en nuestra región.

Al observar la actual realidad de nuestras cárceles destaca de inmediato el incesante y sustancial crecimiento que presenta nuestra población penal, fenómeno que, por diversas razones, se ha venido acentuando en los últimos años, de suyo compleja y que debe llamar a nuestra profunda reflexión. En efecto, el crecimiento de la población penal en los últimos años se muestra en nuestra región de Aysén en unos niveles que son francamente inauditos, excesivos e, indudablemente, insostenibles en el tiempo.

En la región de Aysén, de acuerdo a la información que entrega en su página Web Gendarmería de Chile, sumadas las personas adultas sujetas a prisión preventiva y aquellas que cumplen una condena efectivamente privativa de libertad, al 30 de junio de 2020 existían 222 personas privadas de libertad, el 2021 esa cifra llegó a 243 personas, el 2022 se registraban 232, el 2023: 291 personas, el 2024: 305 personas. Al 30 de junio de 2025 alcanza a 370 la cifra de las personas privadas de libertad en nuestra región.

Como se puede observar, en los últimos 5 años nuestra población penal ha pasado de 222 personas a 370, lo que implica un incremento de más de un 66%.

Si en el 2020 el 20,7% de total de nuestra población penal correspondía a personas en prisión preventiva, al año 2025 dicho grupo constituye el 29,4% de nuestra población penal total.

Es evidente que este importante aumento de la población penal en nuestra región no resulta posible de sostener en el tiempo.

La actual realidad de nuestras cárceles en la región nos muestra centros carcelarios que han superado el número máximo de personas que es posible mantener encerradas.

Mantener este nivel de sobrepoblación penitenciaria, y ni que pensar si imaginamos que esta franca tendencia al alza se mantenga en los próximos años, no solo implica aceptar un orden de cosas en que cualquier esfuerzo por reinsertar a un preso resulta una absoluta quimera, sino que constituye un escenario en que la crisis carcelaria, indudablemente, se cierne como una amenaza que no resulta posible obviar.