El día 1 de enero asumió funciones como nuevo presidente regional del Colegio de Profesores, el docente Luis Ríos Calisto, y en conversación con diario El Divisadero, comentó los lineamientos que espera darle al colegio durante su mandato.

¿Con qué ímpetu, con qué énfasis va a conducir el colegio a nivel regional? 

Bueno, tenemos harto desafío. Nos enfrentamos a un escenario complejo desde el punto de vista gremial. Recordar que cumplió un año ya el Servicio Local de Educación Pública, SLEP, haciéndose cargo de la educación pública en la región de Aysén. Pero ya vemos los primeros resultados de la gestión, que tienen que ver básicamente con el despido de una cantidad importante de profesores y asistentes a nivel regional. Yo creo que esa es la tarea más urgente de poder resolver. 

¿Los argumentos que da el SLEP para poner término a los contratos tienen que ver con qué?

La mayor parte de las justificaciones tienen que ver con la baja de matrícula. Ellos presentaron un plan anual de trabajo, que era como el Padem antiguamente, y en ese documento aparecen varios gráficos de todos los establecimientos educacionales de la matrícula de 2019 hasta el 2023. Y de acuerdo a esa estadística, la normativa sí lo permite, cuando hay baja de matrícula hay ajuste de personal, y ellos recurrieron mayormente a ese argumento. 

¿Territorialmente se concentra todo esto mayormente acá en Coyhaique o también hay comunas donde se ha notado bastante? 

Sí, Coyhaique y Aysén. En el caso de Aysén es básicamente Islas Huichas y Mañihuales. Pero básicamente Coyhaique y Aysén, es donde se ha concentrado la mayor parte de colegas a los que no les renovaron contrato, porque hay que tener en cuenta también que hay varias realidades. La mayor parte tienen contrato a plazo fijo. Hay también algunos casos de contratos indefinidos, o de planta, pero eso tiene que ver con un acuerdo entre el SLEP y las personas involucradas. Pero generalmente los despidos tienen que ver con este tema de los profesores a contrata, que siempre está la posibilidad de no renovar el contrato. Sí, hay que tener en cuenta que, a raíz del fallo de la justicia, el tema de la confianza legítima puede ser un instrumento a partir del cual pueden los colegas también recurrir a la Contraloría, que son dos años, y no cinco, como había establecido la actual Contralora Nacional. 

Entonces ¿era algo que se había advertido con anticipación profesor? 

Nosotros teníamos clara esta temática, en el sentido de que iban a haber ajustes de personal, pero fundamentalmente lo veíamos en el tema de los asistentes de la educación, que básicamente hay un tema ahí de pago de favores políticos en algunas comunas, no en todas, pero sí en algunas, y había sobre dotación de personal. En el caso del profesorado, también planteamos nosotros que podía ocurrir esto a raíz de las experiencias de otros servicios locales de educación en otras partes del país. Ahora, según lo conversado con los servicios locales, esto fue acotado durante el 2024, y va a ser una tendencia, y creemos nosotros que este 2025 podría ser un ajuste mucho más estructural, porque la misma ley faculta al SLEP a hacer fusiones de establecimientos cuando hay baja matrícula. Así que tenemos un trabajo bien arduo con el resto de la directiva regional y las directivas comunales para ver cómo se va a ir desarrollando esto.

Y es por eso mismo que nosotros solicitamos, formalmente, el 2024 crear una mesa de trabajo permanente con el servicio local para ir monitoreando esta situación y no llegar, digamos, a final de año con esta gran incertidumbre que provoca en las comunidades de educación. 

¿Hay preocupación también por la fecha de retorno a clases correspondiente a este año? Se habla del último día de febrero

Bueno, cada región ve su realidad. Este es un dato duro, digamos, esta es la única región del país que estaría entrando el 27 de febrero. Ahora, la normativa establece que el año escolar comienza el 1 de marzo, con el ingreso de los profesores, y el tercer día del mes de marzo se inician las clases. Eso está establecido por normativa. De todas formas, consultado a la Secretaría Ministerial de Educación, ellos establecieron en algún momento que esto era conversable, de si algunas comunidades no querían ingresar el día 27 de febrero podrían reestructurar el calendario y hacerlo a partir del 1 de marzo. Porque la normativa así lo establece. 

¿Algo más que inquiete al gremio este 2025? 

Sí, tenemos, aparte de este trabajo mancomunado con el Servicio Local de Educación, vamos a monitorear básicamente dos temas. Uno es el avance de cómo se va a ir gestando este proyecto que hace una reparación de la deuda histórica de los profesores que están jubilados. Ese va a ser un trabajo que se va a desarrollar de manera sistemática, de seguimiento. Lo segundo tiene que ver con otra legislación que, o sea, en realidad dos legislaciones. Una, hay una ley, proyecto de ley que mejora el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación. Bueno, esa ley, hay una temática en particular ahí que le da facultades a los directores para que las comunidades sean más autónomas en la toma de decisiones. Si la mirada es de carácter técnico-pedagógico, no hay problema. Pero si la mirada es de otra naturaleza, ahí vamos a tener que nosotros estar también pendientes para que no se perjudique el normal desarrollo de las comunidades educativas. 

Y el otro proyecto que hay que estar atentos es el proyecto de ley de convivencia escolar. Es un proyecto de convivencia escolar que vendría a otorgarle ciertas herramientas jurídicas a los profesores ante la eventualidad de una agresión, ya sea verbal o física, por parte de algunos integrantes de la comunidad educativa.