El presidente José Antonio Kast llegó a La Moneda prometiendo mano dura contra la delincuencia, los vándalos y la ineficiencia del Estado. Prometió eliminar la grasa del aparato público, administrar responsablemente los recursos y no tocar los derechos sociales. Más de siete meses después, sus decisiones muestran un patrón de comportamiento muy distinto al que ofreció en campaña.

Mano dura para unos, mano blanda para otros.

Mano blanda ante rebajas de condenas que beneficiaron a delincuentes sexuales contra menores, a integrantes del Tren de Aragua y a condenados por tortura y secuestro calificado recluidos en Punta Peuco. ¿Dónde quedó la promesa de combatir la delincuencia sin contemplaciones?

Mano blanda con los grandes intereses económicos. La llamada Ley de Reconstrucción reduce gradualmente del 27% al 23% el impuesto a las empresas, reintegra el sistema tributario y elimina temporalmente el IVA a viviendas nuevas. En vez de dejar que opere la ley de oferta y demanda y que bajen los precios, el Estado interviene para facilitar la venta de propiedades de las inmobiliarias.

Mano blanda también para solicitar autorización de endeudamiento por hasta 25 mil millones de dólares, mientras impulsa beneficios tributarios para los sectores de mayores ingresos. Al mismo tiempo, el discurso oficial insiste en que Chile tiene exceso de gasto e impone mano dura a la ciudadanía para apretarse el cinturón y, ante las pérdidas del Fondo E de las AFP, hasta postergar su jubilación.

Mano blanda para flexibilizar regulaciones medioambientales y retirar 43 decretos de la Contraloría, la gran mayoría de los cuales continúa paralizada. Mano dura, en cambio, frente a las políticas que buscan enfrentar el cambio climático, proteger nuestros ecosistemas y preservar el patrimonio natural de las futuras generaciones.

Pero cuando se trata de inversiones y programas que benefician directamente a las chilenas y chilenos que viven de su trabajo, aparece nuevamente la mano dura.

Mano dura para postergar la conexión del tren Melipilla-Santiago con la Estación Alameda. Mano dura para detener la última etapa de la ciclovía Alameda-Providencia. Mano dura para revocar las adjudicaciones de los corredores de transporte público de las rutas 160 y 150 y la Autopista Concepción-Talcahuano, postergando obras fundamentales para la conectividad del Gran Concepción. Mano dura para terminar con el programa Yo Elijo mi PC, cerrando una ventana al conocimiento y al mundo para miles de niños y niñas de familias vulnerables.

Mano dura para ajustar los presupuestos de salud, educación superior y cultura.

Y mano dura también en las emergencias, dependiendo del lugar donde ocurran. En Las Condes bastaron unas cinco horas para anunciar la declaración de zona de catástrofe tras el aluvión de octubre. En Coquimbo transcurrieron seis días desde el inicio del temporal de julio hasta la declaración del estado de excepción constitucional de catástrofe. Aunque se trata de instrumentos jurídicos distintos, la diferencia en la velocidad de respuesta del Estado merece una explicación convincente.

Mientras tanto, la mano vuelve a ablandarse cuando se trata de proteger a colaboradores políticos, mantener cargos de confianza y financiar el funcionamiento del segundo piso de La Moneda, que recibe a autoridades que han debido dejar sus cargos.

No estamos frente a decisiones aisladas. La reiteración de estos contrastes permite cuestionar las prioridades con que se ejerce el poder.

La austeridad deja de ser una virtud cuando se exige principalmente a quienes tienen menos. La seguridad pierde credibilidad cuando el rigor penal no se aplica con criterios consistentes. Y la responsabilidad fiscal se transforma en un eslogan cuando se recortan beneficios sociales mientras se conceden ventajas tributarias a quienes concentran la riqueza.

El problema de fondo no es elegir entre mano dura y mano blanda. Es preguntarnos al servicio de quién está gobernando el presidente Kast.

Después de más de siete meses de gobierno, el patrón de comportamiento está a la vista: mano dura para las chilenas y chilenos que viven de su trabajo y mano blanda para quienes concentran el poder económico y político.