Esta semana, como Fiscalía Regional, organizamos un seminario donde abordamos variados aspectos de la investigación del delito de femicidio, incluyendo sus diversos contextos y las primeras diligencias investigativas, sumado al análisis de casos relevantes ocurridos en nuestra zona. 

El elemento central fue el "Manual para la investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio)", donde expusieron profesionales de la Unidad Especializada en Género (UGEN) de la Fiscalía Nacional, sumado a Fiscales de nuestra región, quienes compartieron sus experiencias prácticas de investigación en casos de femicidios. 

El femicidio es definido como "La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión". Esperaríamos que ello nunca ocurriera, pero, lamentablemente, la evidencia nos muestra una realidad distinta.

Las investigaciones de estas muertes requieren un abordaje especial que analice las particularidades de cada contexto, incorporando la perspectiva de género desde las primeras actuaciones de la investigación a fin de desarrollar indagatorias efectivas ante casos de muertes violentas de mujeres por razones de género.

Son delitos que requieren una respuesta decidida e integral. Ese compromiso ha guiado nuestro trabajo como Fiscalía Regional de Aysén, especialmente, en materias de violencia de género y violencia intrafamiliar. 

Con la entrada en vigencia de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, se consolidó un nuevo estándar institucional, que exige no solo investigar y sancionar, sino también prevenir, proteger y reparar.

Para dar cumplimiento real a este estándar, es imperativo relevar el rol fundamental de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Ambas instituciones son nuestros aliados estratégicos insustituibles en el territorio. Con ellos compartimos la primera línea de respuesta y la enorme responsabilidad de las primeras diligencias. 

Es por esto que debemos mantenernos en un proceso de capacitación permanente y conjunta; solo el trabajo técnico coordinado y una formación continua nos permitirán abordar cada procedimiento y cada evidencia con la perspectiva de género que las víctimas y las familias de nuestra región ameritan.

Ojalá como sociedad y servicios públicos pudiésemos llegar antes, anticiparnos, prevenir, pero no siempre es así. Cada alerta temprana, cada medida de protección que se activa y cada intervención oportuna permiten prevenir estos delitos. Sin embargo, ninguna medida puede activarse si los hechos de violencia no son conocidos; de ahí la relevancia de la denuncia oportuna.

Nuestros funcionarios y funcionarias son conscientes de que cada denuncia expresa una necesidad de protección y, como tal, activa un deber institucional de evaluación oportuna de las condiciones de vulnerabilidad.

Creo que nuestra vida en sociedad se debilita, se lastima severamente cuando la vida de una mujer se apaga de forma violenta por razones de género. 

El seminario que acabamos de realizar nos ayuda a estar actualizados y preparados para efectuar investigaciones de la forma más rigurosa y profesional posible y, además, nos sensibiliza respecto de un delito que impacta gravemente a personas inocentes, familiares y generaciones futuras.