Mujeres embarazadas y con hijos lactantes en cárceles chilenas
Columnista, Colaborador 
A horas de comenzar un nuevo mes de la Niñez, es pertinente atender una realidad que tensiona los principios básicos de humanidad y dignidad que deben orientar cualquier sistema de justicia penal: la privación de libertad de mujeres embarazadas o con hijos lactantes en cárceles chilenas.
En Chile, el sistema penitenciario no ha sido diseñado con enfoque de género, menos aún con perspectiva de niñez. Las cárceles siguen siendo espacios altamente precarizados, estructurados bajo una lógica masculina, punitiva y despersonalizante. En ese contexto, las mujeres embarazadas o madres lactantes representan una población especialmente vulnerable, cuyas necesidades físicas, emocionales y sociales son desatendidas sistemáticamente.
Aunque la ley contempla algunas alternativas generales ?como la posibilidad de sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario u otras medidas cautelares? en la práctica, la aplicación de estas medidas sigue siendo restrictiva e insuficiente.
Desde la Defensoría Penal Pública, constatamos con cierta frecuencia, cómo las mujeres imputadas ?las cuales están revestidas por la presunción de inocencia? enfrentan la prisión preventiva sin que se consideren alternativas menos gravosas. Esta situación no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que también desconoce el principio del interés superior del niño que favorece a los hijos e hijas menores de edad de aquellas mujeres; principio que debe orientar toda decisión que pudiera afectarles.
Las consecuencias son profundas. Nacer y crecer en una cárcel, aun con ciertas adaptaciones, implica una forma de castigo anticipado para los hijos e hijas de mujeres privadas de libertad. La experiencia carcelaria compromete su desarrollo psicoemocional y su acceso a condiciones básicas de bienestar, perpetuando ciclos de vulnerabilidad y exclusión.
Existen caminos posibles: mayor uso de medidas alternativas a la reclusión; implementación de unidades penales con enfoque de género y niñez; y reformas legales que se hagan cargo de esta realidad.
El Estado Chileno tiene el deber jurídico y ético de garantizar que ninguna mujer sea castigada doblemente por ser madre, y que ningún niño o niña comience su vida tras los barrotes. Humanizar la justicia penal en este ámbito es una tarea urgente. Quizá un buen punto de partida sea reconocer que proteger la maternidad no es un privilegio, sino un imperativo del Estado de Chile y un derecho del niño o niña que está por nacer.
