Se acerca el fin de año y esta siempre parece ser una buena fecha para realizar balances de lo que ha sido la gestión, o al menos remarcar los hitos sobre los que se puso especial énfasis, ya sea porque así se planificó o porque la realidad así lo demandó. En ese orden de ideas no es menor identificar a las mujeres privadas de libertad, como uno de los grupos vulnerables a los que atendemos, que ha concitado la mayor atención de los distintos actores que intervienen, ya sea en el sector justicia o en la defensa de los DDHH.

Por ello, vale la pena destacar que a fines de febrero de este año 2025 entró en funcionamiento la Sección Femenina del CDP de Puerto Aysén, tarea compleja pero necesaria ante la realidad actual, que permitió descongestionar en un inicio la Sección del CCP Coyhaique y que sentó las bases para poder abordar de mejor manera los escenarios que se presentarían durante el año.

En lo que va del 2025 han ingresado al menos 3 mujeres en prisión preventiva con distintos estados de embarazo, a ellas se suma una mujer condenada, esta situación nos puso en un escenario que no vivíamos hace al menos 7 años, cuando abandonó la sección femenina la última niña que vivió allí. Es decir, después de mucho tiempo sin niños/as y mujeres embarazadas ingresaron al sistema 4 personas. El contexto es distinto al de la década pasada, con unidades sobrepobladas, una disminución de las dotaciones de funcionarios/as, una complejización de la criminalidad existente y el aumento en alrededor de un 50% a nivel nacional de la población penal, porcentaje que en esta región alcanza al 52% si comparamos en esta misma fecha al año 2022.

Los establecimientos penales no son lugares para que vivan niños, sin embargo, esto ocurre. En nuestra región es en el CCP Coyhaique donde existía una sección Materno Infantil, que debido a las condiciones ya descritas debió ser refaccionada. Así las cosas, se gestionaron recursos, se redistribuyeron los espacios y se realizaron mejoras para recibir a quién estaba por nacer, la solución no es la óptima, pero con esfuerzo hicimos mejoras, evidentemente el trabajo para salir del paso no fue solamente nuestro, diversos organismos mostraron su preocupación y cada uno hizo lo suyo para lograr cambiar las medidas cautelares de las embarazadas en prisión preventiva o trasladarlas a un mejor recinto.

Como Gendarmería nos coordinamos con la Defensoría Penal Pública, recibimos la visita del Comité para la Prevención de la Tortura, cuyo informe y sus conclusiones fueron esenciales para sensibilizar, la Seremi de la Mujer y su servicio dependiente Sernameg que han mostrado interés permanente por las mujeres, el Programa Mi Abogado, la Defensoría de la Niñez que desde que fueron puestos en conocimiento se hicieron parte de la tarea, por supuesto el INDH con quien trabajamos permanentemente e incluso gestiones que se realizaron con otros organismos a nivel central, también la Mesa de Mujeres Privadas de Libertad Embarazadas y/o con Hijos Lactantes encabezada por el Seremi de Justicia y DDHH. Todo lo descrito se traduce en que en la actualidad solamente hay una mujer privada de libertad con su hijo en el recinto penal de Coyhaique, lo que les permite vivir con algún grado de dignidad.

Si bien pudimos superar en alguna medida los escollos durante este año, debemos contar con una solución definitiva, algo que suena razonable, aunque no es fácil de solucionar, las necesidades siempre son múltiples y escasos los recursos, sin embargo la Resolución Exenta 1426 que establece disposiciones referidas al respeto y garantía de los derechos de las personas gestantes y con niños/as lactantes, bajo nuestra custodia, dictada por nuestro Director Nacional, busca ser la bajada normativa que adopta principios del derecho internacional para resguardar los derechos de este grupo de especial protección en el sistema penitenciario, por lo mismo, esperamos que se constituya en una guía que nos conduzca hacia esa anhelada solución.