Columnista, ColaboradorEn los últimos días, el ex Presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica, generó un intenso debate en América Latina al manifestar su decisión de no someterse a más tratamientos debido a la progresión del cáncer de esófago que lo aqueja: "Hasta acá llegué. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso".
Este pronunciamiento, lleno de valentía y coherencia, vuelve a poner en el centro del debate un tema que muchos países, incluyendo Chile, han preferido relegar a un segundo plano: el derecho a morir con dignidad.
En Chile, el proyecto de ley de eutanasia lleva años estancado en el Congreso, reflejando un panorama político y social donde los avances en derechos individuales enfrentan resistencias profundamente arraigadas. Aunque la discusión ha logrado ciertos avances en algunas comisiones, el proyecto se encuentra atrapado entre barreras ideológicas y culturales que impiden un debate abierto y transparente. Mientras tanto, miles de personas enfrentan sufrimientos innecesarios en la etapa final de sus vidas, atrapadas en un sistema que prioriza la prolongación de la vida, muchas veces a costa de la calidad de esta.
En nuestra sociedad, el temor a hablar de la muerte sigue siendo una barrera importante. Se la trata como un tema tabú, como si el silencio pudiera evitar lo inevitable. Sin embargo, la realidad es que la falta de legislación no elimina el sufrimiento, sino que lo perpetua. En este contexto, el caso de Mujica no solo visibiliza la urgencia de abordar el tema, sino que también destaca el argumento central de quienes defienden la eutanasia: el respeto por la autonomía individual. Este principio fundamental en las democracias modernas implica que cada persona pueda tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su vida, especialmente en situaciones límite.
Mujica, con su declaración, encarna precisamente este ideal: la posibilidad de elegir una muerte digna como un acto de libertad personal y de coherencia con los valores que han guiado su vida. No se trata de un capricho, sino de una decisión profundamente reflexionada que interpela a nuestras instituciones y a la sociedad en su conjunto.
La experiencia de otros países, como los Países Bajos, Bélgica o el propio Uruguay, que cuentan con leyes que regulan la eutanasia y el suicidio asistido, desmiente los temores de que estas legislaciones conduzcan a abusos o descontrol. Por el contrario, han demostrado que un marco legal adecuado puede garantizar que estas decisiones sean tomadas de manera informada, libre y segura, priorizando el bienestar y la dignidad de las personas. ¿Por qué, entonces, Chile sigue relegando esta conversación a los márgenes, cuando tantas personas están pidiendo ser escuchadas?
El caso de Mujica también pone de relieve el rol fundamental de las instituciones en garantizar derechos. En una sociedad que envejece aceleradamente y donde una creciente población mayor enfrenta enfermedades crónicas y discapacidades agravadas por las desigualdades sociales en salud, ignorar el debate sobre la eutanasia es también un acto de negligencia. Reconocer el derecho a una muerte digna no es solo una cuestión de compasión, sino también de justicia social.
Hablar de la muerte es también hablar de la vida: de la posibilidad de vivirla con dignidad hasta el último momento. Mujica, con su habitual lucidez, ha puesto el dedo en la llaga: el derecho a decidir cómo vivir también incluye el derecho a decidir cómo y cuándo morir. Es hora de que Chile enfrente este desafío con valentía, dejando de lado prejuicios y avanzando hacia una legislación que priorice la autonomía y la dignidad de las personas.
No se trata de imponer una visión única, sino de garantizar que quienes deseen ejercer este derecho puedan hacerlo sin temor ni barreras. En ello radica el verdadero respeto por la libertad humana y la posibilidad de construir una sociedad más justa y empática.
