Cuando asumí como Fiscal Regional, lo dije con claridad: no podemos permitir que el miedo, la vergüenza o la desconfianza silencien a las víctimas. Ese compromiso ha guiado nuestro trabajo, especialmente en materias de violencia de género y violencia intrafamiliar.

Sabemos que estos hechos no son lejanos ni aislados. Son realidades que afectan a mujeres, niños, niñas y adolescentes, que requieren una respuesta decidida, cercana y oportuna. Actuar a tiempo puede marcar la diferencia.

Con la entrada en vigencia de la Ley 21.675 (Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres), se consolida un nuevo estándar institucional, que exige no solo investigar y sancionar, sino también prevenir, proteger y reparar.

En este contexto, la evaluación del riesgo adquiere especial relevancia, pues permite visibilizar la violencia a la que se ve enfrentada una mujer desde que realiza la denuncia y orienta a la Fiscalía sobre las medidas de protección más adecuadas según ese entorno.

En una región con particularidades territoriales como la nuestra, caracterizada por su dispersión geográfica, dificultades de conectividad y extensas distancias, la oportunidad en la detección del riesgo y en la respuesta frente a esa situación adquiere un valor aún mayor.

En este punto, quiero destacar el trabajo que desarrolla Carabineros de Chile, institución con presencia en todo el territorio regional. Sus funcionarios y funcionarias tienen el deber de aplicar pautas de evaluación de riesgo a mujeres que denuncian violencia de pareja, constituyéndose ese insumo en la primera herramienta para orientar las medidas de protección que adoptará la Fiscalía respecto de la denunciante y su grupo familiar.

Es importante que la comunidad sepa que la protección a las víctimas no espera. Desde el momento en que la Fiscalía toma conocimiento de una denuncia por violencia de género y del riesgo levantado en la pauta, se activan medidas de protección autónomas, acordes al mencionado nivel de riesgo, con el fin de resguardar la integridad de la víctima.

Entre estas medidas se encuentran aquellas de carácter personal, como la reubicación inmediata en Residencias Transitorias de SernamEG, el resguardo policial para el retiro de enseres o las rondas periódicas de Carabineros en el domicilio. A ello se suman herramientas de apoyo como la entrega de teléfonos, sistemas de teleasistencia en línea, alarmas personales y medidas destinadas a reforzar la seguridad del hogar.

En los casos de mayor riesgo, se incorpora el acompañamiento de profesionales especializados de las Unidades de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) de la Fiscalía Regional, quienes brindan apoyo psicológico, social y orientación durante todo el proceso penal. Asimismo, se realizan derivaciones asistidas a los dispositivos de la red disponibles en la región, con fines reparatorios.

Cada alerta temprana, cada medida de protección que se activa y cada intervención oportuna permiten prevenir hechos de mayor gravedad. Sin embargo, ninguna medida puede activarse si los hechos de violencia no son conocidos; de ahí la relevancia de la denuncia.

En este sentido, debemos ser conscientes de que cada denuncia expresa una necesidad de protección y, como tal, activa un deber institucional de evaluación oportuna de las condiciones de vulnerabilidad. Esto permite adoptar medidas eficaces que no solo interrumpan la dinámica de violencia, sino que también prevengan su escalamiento. Así, la respuesta estatal debe articularse de manera coordinada, asegurando la protección integral de la víctima y su participación segura en el proceso penal.