La diputada Marlene Pérez ingresó una moción que busca modificar la Ley N°20.370, General de Educación, para sancionar a padres y apoderados cuyos hijos o pupilos participen en hechos constitutivos de acoso escolar.

La iniciativa se fundamenta en la definición de acoso escolar contenida en la normativa vigente, que lo describe como toda acción u omisión de agresión u hostigamiento reiterado entre estudiantes, ya sea dentro o fuera del establecimiento, que provoque maltrato, humillación o temor en la víctima, considerando su edad y condición.

El proyecto advierte que el aumento de este tipo de conductas ha generado alarma entre padres y apoderados, debido al riesgo creciente de que niños y jóvenes sufran agresiones en el contexto educativo. En esa línea, se cita información que da cuenta de que el acoso escolar figura entre las principales preocupaciones de estudiantes, así como cifras que evidencian miles de denuncias vinculadas a convivencia escolar en el país.

Asimismo, se destaca que, según la evidencia científica, estas agresiones afectan gravemente el bienestar de las víctimas, pudiendo provocar trastornos del sueño, problemas alimenticios, fatiga, miedo, inseguridad y bajo rendimiento académico. A ello se suma el impacto en el entorno familiar y el riesgo de efectos irreparables cuando estas conductas se mantienen en el tiempo, especialmente en etapas tempranas de la infancia.

El texto también advierte que el maltrato durante el proceso formativo puede afectar el desarrollo de habilidades sociales y generar consecuencias a largo plazo, como dificultades en las relaciones interpersonales, inestabilidad emocional e incluso mayor susceptibilidad a problemas de salud mental en la adultez.

En cuanto al marco normativo, se recuerda que la legislación vigente establece el deber de todos los integrantes de la comunidad educativa —incluidos padres y apoderados— de promover una buena convivencia escolar y prevenir situaciones de acoso. En este contexto, se enfatiza que la prevención no recae únicamente en los establecimientos, sino también en las familias.

La moción incorpora además antecedentes comparados, destacando experiencias internacionales donde se han adoptado medidas para promover la corresponsabilidad familiar mediante sanciones económicas y acciones correctivas frente a casos de bullying.

En ese marco, el proyecto propone establecer que los padres o apoderados cuyos hijos incurran en conductas de acoso escolar deberán cumplir las medidas correctivas que determine el establecimiento educacional, conforme a sus protocolos de actuación.

En caso de incumplimiento de dichas medidas por causas imputables a los adultos responsables, el director del establecimiento deberá remitir los antecedentes al Juzgado de Policía Local competente, previa notificación a la parte involucrada.

Finalmente, se contempla que el juez pueda aplicar multas que van desde 5 hasta 20 UTM, dependiendo de la gravedad del caso, con el objetivo de generar un efecto disuasivo y reforzar la responsabilidad parental en la formación y convivencia de niños y jóvenes.