La Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique resolvió revocar la resolución de primera instancia del Juzgado de Garantía y decretó la medida cautelar de prisión preventiva en contra del imputado de iniciales R.A.C.C. El tribunal de alzada determinó que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, en el contexto de la formalización realizada los días 11 y 12 de febrero por delitos de fraude al fisco mediante la obtención fraudulenta de subvenciones de carácter reiterado, por hechos ocurridos entre 2023 y 2024.

En la misma resolución, la Corte modificó la situación cautelar de la pareja del imputado, de iniciales C.N.G.T., decretando para ella el arresto domiciliario total mientras se extiende la investigación. Previamente, el Juzgado de Garantía de Coyhaique había otorgado medidas de menor intensidad para ambos, consistentes en arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional, decisión que fue revertida tras el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, el cual argumentó antecedentes de hostigamientos y amenazas por parte del imputado principal y su entorno contra funcionarios públicos.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el modus operandi consistía en la ideación de mecanismos para defraudar al Fisco a través de la postulación a proyectos que jamás se ejecutaron. R.A.C.C., quien se desempeñaba como funcionario del Servicio de Salud de Aysén y dirigente gremial de la FENATS, se habría concertado con otros imputados para obtener dineros de los fondos concursables del 8% FNDR del Gobierno Regional de Aysén. Utilizando a la FENATS y a la "Fundación Proyecto Futuro" como supuestas instituciones ejecutoras, gestionaron y rindieron documentación falsa para obtener recursos públicos por un total superior a los 32 millones de pesos en cuatro proyectos fraudulentos.

Cabe destacar que estas investigaciones se vinculan a una tercera causa formalizada el pasado 14 de enero, relacionada con el uso fraudulento de asignaciones parlamentarias por un monto superior a los 100 millones de pesos, donde también figuran como imputados R.A.C.C. y C.N.G.T. Actualmente, hay un total de cinco personas formalizadas ante los Tribunales de Justicia en relación con estas causas, habiéndose acreditado por parte del tribunal la existencia de los delitos y la participación de los acusados.