"Confiamos que la voluntad y la responsabilidad social de todos los sectores políticos estarán a la altura del imprescindible derecho que tienen las mujeres de nuestro país a una vida libre de violencias", señaló la seremi Andrea Méndez al referirse al proyecto de ley que se discute en el Congreso en torno al tema. 

Indicó que según cifras de Carabineros, el año pasado en la región de Aysén se registraron 852 denuncias de violencia intrafamiliar. En lo que va del año en curso, la cifra es de 175 casos. Estas cifras han implicado que desde el Consejo de Seguridad Regional se establezca dicho delito como prioritario, lo cual ha exigido que todas las instituciones vinculadas a seguridad comprometan acciones regionales para enfrentarla. 

Recordó que desde la década de los '90 se vienen instalando en la legislación chilena distintas normativas e indicaciones tendientes a responder a la violencia de género que impacta a las mujeres y que tiene distintas manifestaciones, siendo una de ellas la violencia intrafamiliar. 

"Un hito importante en este recorrido fue la presentación, por parte del gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, del proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, el año 2017. Tomando de referencia dicho proyecto y comprendiendo la importancia de robustecer la respuesta estatal en torno a la violencia contra las mujeres, el gobierno del Presidente Gabriel Boric Font, a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ha reimpulsado la discusión social y legislativa de este proyecto, incorporando nuevas indicaciones, de las cuales se destaca la incorporación de hijas e hijos como víctimas directas- no sólo testigos- de la violencia de género que viven sus madres o cuidadoras y la creación de un sistema integrado de gestión y seguimiento de casos, unificando datos de diferentes instituciones para generar alertas tempranas, facilitar la atención y derivación de casos y reducir la cantidad de veces que se consulta a las mujeres sobre los hechos de violencia que han vivido, aminorando la victimización secundaria y haciendo que la intervención del Estado sea más eficiente y eficaz". Andrea Méndez relevó la importancia de contar con esta ley marco en violencia contra las mujeres, "una ley marco es una ley amplia capaz de involucrar a todas las instituciones del Estado con un mismo objetivo. En este caso es la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Importante es decir que gran parte de los países latinoamericanos cuentan actualmente con este tipo de leyes marco, que permiten definir con mayor precisión los tipos de violencia y la responsabilidad que les compete a todas las instituciones que conforman el Estado para prevenirlas y sancionarlas". 

Con respecto al escenario regional en materia de violencia contra las mujeres y el eventual alcance de la ley integral, la autoridad regional expresó "la ley integral será un avance en múltiples dimensiones. Por ejemplo, en cuanto al reconocimiento de las niños, niñas y adolescentes como víctimas y no como testigos de la violencia que viven sus madres, permitirá reforzar social e institucionalmente que el radio de letalidad de la violencia no impacta exclusivamente a las mujeres, sino que también a su círculo más cercano, tomando medidas acordes a esta realidad. Además, contar con un sistema de información integrado, es decir, que incorpore todas las denuncias y gestiones asociadas a una víctima de violencia, impedirá que las mujeres afectadas y trasladas a la capital regional deban exponer nuevamente antecedentes asociados a lo padecido" Por último, indicó "gracias a la capacidad de diálogo de nuestra ministra y de quienes conforman el parlamento, nos encontramos en las últimas gestiones para poder aprobarla. Confiamos en que la voluntad y la responsabilidad social de todos los sectores políticos estarán a la altura del imprescindible derecho que tienen las mujeres de nuestro país a una vida libre de violencias