El alevoso asesinato de tres carabineros en un camino rural de Cañete no ha dejado indiferente a nadie. Al impacto inicial por la crueldad de los hechos, cometido precisamente en el Día del Carabinero, vienen las interrogantes: ¿Quiénes lo hicieron? ¿Quiénes planificaron la mortal encerrona a los tres carabineros? ¿Por qué? ¿Qué mensaje se pretendía dar con estos crímenes? 

Hasta el momento nadie se ha adjudicado estas muertes. Puede haber sospechas, líneas investigativas en curso, pero en concreto la población sólo puede espantarse por estos crímenes, solidarizar con los deudos y esperar que las medidas que se adopten vayan en la línea de impedir su repetición. 

Aquí hubo una asociación para emboscar y asesinar a los carabineros, en una demostración de fuerza que el Estado no solo debe rechazar, sino combatir y eliminar.

La señal que dio la institucionalidad fue potente y de manera inmediata, trasladándose a la zona las más altas autoridades del país, desde el presidente de la República, los líderes de la Corte Suprema, ambas Cámaras del Congreso, la Fiscalía, la PDI y las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Todos los poderes del Estado en un despliegue importante en el Biobío, demostrando que en momentos críticos para la seguridad del país hay unidad. Si fuera de otra manera estaríamos perdiendo la lucha contra los criminales.

Un dato importante para el análisis es recordar que los índices de delitos violentos en la llamada macrozona sur habían bajado el 2023, con una caída en los homicidios, en ataques incendiarios, en el robo de vehículos y maquinarias. Cifras que daban una sensación de mayor seguridad y que las medidas adoptadas iban por el camino correcto.

Pero el crimen de los carabineros hace que desmerezcan los avances logrados.

Y también que haya aprovechamiento político de la derecha. Increíble, pero está ocurriendo. 

Lo primero que escuchamos de la UDI y RN fue la exigencia de aprobar una ley de amnistía para los agentes del Estado condenados, investigados o procesados por delitos cometidos en el contexto del estallido social. Nótese que hablamos de delitos probados que ocurrieron entre octubre de 2019 y diciembre de 2020. O sea, 4 años antes de los hechos motivo de esta columna.

Para seguir con el aprovechamiento político, hay presiones para destituir a los fiscales que investigan dichas causas.

Otra muestra de lo perdidos que están en la oposición es la petición de la declaración de Estado de Sitio. Vale decir, el despliegue de militares en la zona. Pero resulta que ya existe el estado de excepción de emergencia en la zona. Es más, cada 30 días los parlamentarios votan para continuar con esta medida que ya lleva 2 años y tiene un Jefe de Zona que es de la Armada. Claro, con el Estado de Sitio se suma la restricción de derechos básicos de los ciudadanos. Eso, ¿ayudaría en el combate de la criminalidad en la zona, el robo de madera, el narcotráfico?

No hay ningún argumento serio que lo corrobore. Es solo gritar fuerte "Estado de Sitio" para que muchos incautos crean que allí está la solución, sin pensar que los parlamentarios que lo piden son los mismos que saben que ya están los militares en la zona.

Ante una situación tan extrema como la ocurrida con la emboscada y asesinato de los tres carabineros se necesita independencia de los poderes del Estado, unidad en el combate a la criminalidad y parlamentarios que cumplan su labor con dedicación, inteligencia y visión de país.

Para lograr un país donde haya paz, justicia y prime el estado de derecho.