Imaginemos una familia que quiere salir de viaje.

Uno quiere ir a la playa; otro, acampar; alguien propone otro destino. El problema comienza cuando dejan de discutir la mejor ruta y se preocupan más de impedir que la propuesta del otro prospere. Aparecen las desconfianzas y las zancadillas. Finalmente, la familia no va a ninguna parte.

A veces siento que como país nos ocurre algo parecido.

El pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre las microrelocalizaciones acuícolas refleja un problema mayor: nuestra incapacidad para construir una visión compartida del desarrollo. La norma permitía desplazamientos de hasta 350 metros, por una sola vez, sin aumentar la producción ni el tamaño de la concesión. Nuevamente quedamos atrapados entre trincheras.

Instituciones, empresas, comunidades, trabajadores y organizaciones defienden perspectivas atendibles. Sin embargo, las razones parciales no siempre producen una buena decisión colectiva y la política suele convertir cada diferencia en identidad.

A esta familia se agrega un vecino activo: ONG ambientalistas, algunas nacionales y otras internacionales. Sus alertas pueden ser valiosas. Pero incidir exige transparencia sobre a quién representan, qué intereses promueven, cómo se financian y cuánto conocen del territorio. El vecino puede advertir que el camino es peligroso; no debería definir el destino ni ejercer un veto informal sin asumir las consecuencias para quienes viven en esa casa.

No escribo desde la distancia. Mi trayectoria une investigación, gestión pública, acuicultura y emprendimiento regional. Desde CITECMA utilizamos monitoreo ambiental, oceanografía y robótica submarina para tomar mejores decisiones. Conozco la fragilidad de la Patagonia y su necesidad de empleo e innovación.

Ha habido errores productivos y negarlos destruye confianza. Pero han cambiado el conocimiento, la regulación y la tecnología. Proteger no puede significar inmovilizar: debe significar conocer, medir, prevenir, corregir y fiscalizar.

Chile necesita participación territorial temprana, evidencia pública, compromisos verificables, transparencia de quienes buscan incidir y reglas que puedan corregirse cuando la evidencia lo justifique.

Volvamos a la familia. Tal vez nunca todos prefieran el mismo destino, pero una familia que quiere avanzar acuerda una ruta y la corrige cuando es necesario. No rompe el vehículo para impedir que otro conduzca.

Cuidar el territorio y desarrollarlo responsablemente no son viajes opuestos. Son parte de un mismo destino. Mientras sigamos haciéndonos zancadillas, nuestras regiones seguirán esperando en el punto de partida.