El "secreto bancario" alude a aquello que debe permanecer oculto, sin informar ni hacer público. Obviamente se refiere a que los antecedentes relativos a las operaciones de depósitos y captaciones de cualquier naturaleza que perciban los bancos, sujetos a ese "secreto", no podrán ser divulgados, salvo a su titular o a la persona que lo represente.

Parece algo evidente, incluso necesario, porque el dinero que se deposita tiene dueño y sólo a él debe preocuparle que allí permanezca, lejos de la mirada de los demás.

Pero, si lo pensamos mejor nos daremos cuenta que bajo ese secreto bancario se ocultan situaciones oscuras y siniestras, que es necesario develar.

En la Ley chilena hay una consideración especial al secreto bancario y es que si una cuenta corriente (como persona natural o jurídica) mueve más de 1.500 UF al mes (unos 56 millones de pesos al día de hoy), la entidad bancaria o financiera deberá informar al Servicio de Impuestos Internos. En ese caso por Ley el SII debe buscar información respecto de saldos y sumas de abonos que permitan detectar movimientos de dinero que ameriten iniciar una fiscalización por parte de la administración tributaria. Dicha información sólo podrá ser usada para fines de auditoría, fiscalización o aplicación de sanciones, pero NO modifica los derechos que genera el secreto bancario ni da acceso al detalle de los movimientos de las cuentas.

En términos prácticos estamos diciendo que aunque se muevan cantidades millonarias en los bancos no se pueden rastrear las estructuras, el financiamiento ni las redes que operan detrás.

Es así como tras el "secreto bancario" que opera en Chile, se oculta el lavado de dinero, el narcotráfico y el crimen organizado.

Entonces resulta necesario y urgente terminar con el secreto, como ocurre en muchos países, como Australia y Canadá.

Pero, hay una fuerte resistencia a flexibilizar en este tema de parte de políticos de derecha, como diputados de la UDI, de RN, del PSC y del Partido Republicano, quienes argumentan, entre otras cantinfleadas, que "este no es un problema en nuestro país".

Pero resulta que un informe de la Unidad de Análisis Financiero indica que la mitad de las sentencias por lavado de dinero de los últimos 15 años involucraron el uso de los bancos.

También es posible controlar mejor la evasión y la elusión tributaria si se levanta el secreto bancario y esto es clave para recaudar más recursos. Según otro informe, pero del Servicio de Impuestos Internos, nuestro país está perdiendo miles de millones de dólares por evasión tributaria de las redes empresariales. Los datos indican que más del 50% del impuesto a las empresas ni siquiera se paga, equivalente a 4,7% del Producto Interno Bruto, lo que alcanzaría para pagar toda la Pensión Garantizada Universal (PGU).

El Centro de Investigaciones Periodísticas CIPER, reveló que existe una red de decenas de empresarios que emitiendo facturas falsas y coimeando funcionarios públicos, habrían desfalcado al fisco en millones de dólares. Eso se llama "corrupción". Como los casos denunciados por corrupción y tráfico de influencias que involucran al ex General Director de la PDI, Sergio Muñoz, al abogado Luis Hermosilla, al ex Ministro del Interior, Andrés Chadwick y al ex Presidente de la República, Sebastián Piñera. Los delincuentes de cuello y corbata deben ser perseguidos y para ello es necesario (urgente) que se apruebe una ley que permita levantar el secreto bancario.

Actualmente, la Ley de Inteligencia Económica y la Ley de Cumplimiento Tributario están durmiendo en el Senado y ambos proyectos buscan facilitar el levantamiento del secreto bancario para perseguir los abusos, la corrupción y el narcotráfico.

Si nada hay que ocultar, ¿por qué hay oposición a levantar el secreto bancario?