Abogado del INDH asegura que el Estado vulnera derechos humanos de vecinos de Alto Mañihuales
Redacción, Diario El Divisadero 
En entrevista realizada el pasado martes en Radio Santa María, el abogado y Jefe de la Oficina Regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Joaquín Bizama Tiznado, reafirmó que el Estado se encuentra vulnerando Derechos Humanos al no abordar debidamente la constatada contaminación minera en Alto Mañihuales.
Mediante un comunicado divulgado por la ONG Ecosistemas, el profesional señaló categóricamente "desde nuestro punto de vista, y es lo que expusimos en Recurso de Protección que presentamos, sí, creemos que hay una vulneración de derechos, toda vez que se generan afectaciones tanto al medio ambiente y también a la vida y la salud de las personas". Agregó que esta vulneración, a juicio del Instituto, se produce "desde que no se ha cumplido una resolución que el mismo Estado, a través de sus servicios, ordena. Tenemos una resolución del 2018 y de 2020, que dice saber que aquí hay modificaciones del Tranque (Confluencia) que no se ha evaluado ambientalmente. Han pasado cinco años de eso y no se ha realizado esa evaluación ambiental. Eso, efectivamente, genera una afectación a Derechos Fundamentales (...)".
El mencionado incumplimiento se refiere a la Resolución por medio de la cual la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), en junio del año 2018, sancionó en más de mil millones de pesos a la anterior propietaria del yacimiento minero -la trasnacional Laguna Gold- por la documentada contaminación minera de Alto Mañihuales y por las infracciones cometidas en la operación del Tranque de Relaves Confluencia. En esta misma resolución se requirió el ingreso del tranque de relaves al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para el estudio y adopción de medidas de mitigación, reparación y/o compensación de sus impactos. En 2020, la SMA exigió, esta vez a la Minera Pacífico del Sur SpA, la evaluación de impacto ambiental del tranque Confluencia; sin embargo, esta exigencia no ha sido cumplida hasta la fecha por la actual propietaria del yacimiento minero.
En la ocasión, igualmente se entrevistó a la vecina y dirigenta social de Villa Mañihuales, Gabriela Barrientos Araneda quien recalcó "aquí el principal responsable es el Estado de Chile, que tiene a la comunidad en completo abandono (...)", esperando además que las autoridades regionales lleguen a la segunda reunión con las y los vecinos -que se realizará este viernes 11 de julio a las 12 hrs en la Sede N°14 de Villa Mañihuales- con una actitud más empática y proactiva, para avanzar en este conflicto minero.
La sede regional de Aysén del Instituto Nacional de Derechos Humanos ha oficiado además a la Seremi de Medio Ambiente y al Consejo Regional de Aysén, para que informen los avances en torno a los compromisos sostenidos con la comunidad en la primera reunión realizada el 23 de mayo en Alto Mañihuales. Esto referido al acuerdo del Seremi de Medio Ambiente, Yoal Díaz, para que los pobladores de Alto Mañihuales y representantes de las organizaciones de la sociedad civil participen de la Mesa Regional de la Minería y Geología de Aysén, situación que no ha sucedido, habiéndose reunido ya esta mesa el pasado 17 de junio. En el caso del Consejo Regional de Aysén, la solicitud fue dar seguimiento al acuerdo de tratar en sesión plenaria del Consejo este tema; y de no haberse realizado, informar cuándo se realizará.
Finalmente, las organizaciones convocantes de la mesa intersectorial, esperan que este diálogo multisectorial avance con el objetivo de identificar los niveles de contaminación que existen en Alto Mañihuales y, junto con ello, que la empresa Pacífico del Sur SpA. resuelva las numerosas irregularidades y desacatos que mantiene en torno a los depósitos de relaves del complejo minero El Toqui.
