La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades al interior de la Ilustre Municipalidad de Cochrane en su informe final de auditoría 84-2024, en el que analizó las adquisiciones realizadas a través de la modalidad de trato directo entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. También se examinaron las órdenes de compra efectuadas por el Departamento de Educación de dicha entidad edilicia.

En el informe, el órgano contralor apunta a siete órdenes de compra por un total de $4.823.168, realizadas a la empresa Calderón Herrera e Hijos Spa, cuyo propietario mantiene una relación de parentesco consanguíneo con el alcalde Jorge Calderón, pues es su tío.

Asimismo, se advirtió de la existencia de tres cuentas bancarias que presentaban partidas sin conciliar ni aclarar por más de 102 millones de pesos. En estos casos, la contraloría inició un procedimiento disciplinario que busca determinar las responsabilidades administrativas.

El concejal Miguel Aravena Torres, se refirió a estas irregularidades señalando que "el señor Calderón Núñez, habría transgredido el inciso 6 del artículo 4° de la ley N°19.886, de Compras Públicas, que establece en general que, no se puede suscribir contratos de provisión de bienes y servicios con funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por vínculos de parentesco que están descritos en el artículo 54 letra b) de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquellos o éstas formen parte".

La autoridad comunal expresó que "Contraloría detectó en cerca de una treintena de casos que la entidad edilicia no contaba con antecedentes que le permitieran acreditar que los proveedores adjudicados se encontraban, al momento de suscribir un contrato y/o enviar la respectiva orden de compra, habilitados para realizar este tipo de operaciones con órganos de la Administración del Estado, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 4° de la ley N° 19.886. Adicionalmente, el 9 de noviembre de 2023, verificó en el portal de compras públicas que, a esa data, 10 de los proveedores a los que se realizaron dichas adquisiciones, no contaban con la aludida habilitación".

Miguel Aravena explicó que otras irregularidades detectadas, dicen relación con debilidades generales de sistemas de control interno, falta de acreditación y capacitación de funcionarios registrados en el portal de Compras Públicas, ausencia de manuales de procedimientos en materias de administración de recursos financieros, ausencia de procedimientos para evitar conflictos de interés, pago a proveedores superior a los 30 días contraviniendo la normativa vigente, cheque girados y no cobrados, entre otras.

El concejal señaló que esperará los resultados del sumario administrativo de Contraloría, "para hacer efectiva la facultad del artículo 60 de la ley N°18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para solicitar al Tribunal Electoral Regional (TER), la cesación en el cargo del edil o en subsidio las medidas disciplinarias dispuestas en la letras a), b) y c) del artículo 120 de la ley N°18.883, Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, esto es, censura, multa, suspensión del cargo por treinta días a tres meses, dependiendo de la gravedad de los hechos".

Finalmente, Aravena lamenta lo que está ocurriendo al interior del municipio, señalando en relación al alcalde Calderón que "no se entiende su desconocimiento de las normativas vigentes sobre posibles conflictos de interés en el ejercicio la función pública", y que se mantendrá atento a las aclaraciones que deba entregar el municipio en torno a las materias observadas por el órgano de control las que han causado conmoción y malestar en la comunidad.