No existe una manera fácil de hablar de este tema, porque necesariamente se involucran sentimientos profundos de tristeza, desazón, impotencia, rabia, enojo, cualquier interpretación de las emociones,  menos superficialidad, frialdad, indiferencia. A no ser que nos encontremos en el lado de los perpetradores de la desaparición forzada. Ahí lo que hay es miseria humana. Y también son humanos, increíble. 

Recién el 21 de diciembre del año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en distintas regiones del mundo y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento y maltrato padecidos por testigos o familiares de personas que han desaparecido. Se declara entonces el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, comenzando su aplicación el año 2011.

Sin embargo, en nuestra América morena llevábamos décadas de búsqueda infructuosa de personas detenidas desaparecidas, todo resultado de dictaduras militares que perseguían a los oponentes o "enemigos ideológicos" de sus gobiernos dictatoriales.

La gran Sola Sierra, esposa del detenido desaparecido Waldo Pizarro, en el año 1981 había sido una de las fundadoras de la Federación Latinoamericana de Detenidos Desaparecidos, constituyéndose este hecho en precursor del Día que se conmemora cada 30 de agosto.

Así como Sola Sierra, mujer valiente que luchó hasta el día de su muerte por encontrar a su esposo y a los más de 1000 (1093) desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, hubo otros que se vieron forzados a hacer lo mismo. A buscar incansablemente a su hija/o, hermano/a, madre o padre. O, como en el caso de Ana González, dedicada a buscar a cuatro miembros de su familia. Falleció sin obtener jamás una respuesta.

Es un crimen contra la humanidad y por lo tanto no prescribe. En este sentido, se debe dar a las familias de las víctimas el derecho a obtener reparación y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos. Y es el Estado el que debe comprometerse en esta labor, de acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Pero (existe un gran pero), es el gobierno de turno el que asume las obligaciones del Estado y dependerá de quien gobierne la importancia y celeridad que se le dará al tema. No es lo mismo un gobierno comprometido con la verdad y justicia que otro cómplice de los perpetradores de desapariciones forzadas.

Desde esclarecer los hechos "en la medida de lo posible", incluyendo la formación de Comisiones investigadoras de los crímenes hasta la elaboración de listados de personas fusiladas, torturadas y desaparecidas, creación de algunas medidas reparatorias para víctimas y familiares, hasta la creación del Plan Nacional de Búsqueda con el actual gobierno, han pasado 51 años.

¿Se imagina no saber qué ha pasado con esa persona que tanto busca?

Algunos no se lo imaginan: lo viven todos los días.

Este Plan Nacional de Búsqueda es una política pública y debe implementarse y aplicarse. En relación a ello, ha sembrado un sol de esperanza en el horizonte de los miles de personas que aún confían en que podrán saber dónde y cómo vivieron los últimos instantes de vida sus seres queridos, que hicieron con su cuerpo, donde los dejaron.

Los familiares de detenidos desaparecidos siguen en su afán (los que aún sobreviven), porque no pueden vivir el día a día sin luchar por respuestas. El Estado puede mover sus estructuras con el mismo fin. Los únicos que son indiferentes son los perpetradores y su miserable pacto de silencio.