Dentro de la categoría de delitos de la ley de tránsito en Chile, existe una amplia variedad de hechos que son sancionados penalmente y que ocurren también en nuestra Región de Aysén, con mayor frecuencia de lo que esperaríamos.
Por ejemplo, tenemos durante el año en curso, una cantidad de 515 delitos relacionados con esta ley, entre los que se incluye no dar cuenta de un accidente de tránsito con 192 casos, la conducción en estado de ebriedad con o sin daños con 180 denuncias, conducir un vehículo con sanción vigente con 58 casos y conducir vehículos sin la licencia debida en 31 casos.
También se han reportados otros 23 hechos asociados a conducir bajo la influencia del alcohol y 18 accidentes con resultado de muerte o lesiones graves y 10 denuncias por la negativa a efectuarse exámenes, entre otros 11 tipos de delitos.
Estas denuncias se centran principalmente en Coyhaique con 278 casos y Aysén con 183 casos. En total y en lo que va del año, se han registrado 379 detenidos en toda la región por estos hechos asociados a la ley de tránsito, contra quienes se han iniciado las investigaciones penales correspondientes.
El tema no es menor. El año 2023 se denunciaron 1050 delitos de ley de tránsito en la Región de Aysén, con 810 detenidos y el 2022 la cifra ascendió a 1140 casos con 865 detenidos, representando cerca de un 10% de nuestros ingresos anuales en la cantidad de denuncias de todos los delitos.
¿Qué reflexiones podemos hacer como comunidad regional ante este tipo de cifras? ¿Qué nuevas acciones preventivas o sancionatorias podemos adoptar para evitar más muertes o lesiones que pueden alterar el curso de la vida de una persona? ¿Hay algo qué podamos hacer mejor?
Creo que los delitos asociados a la ley de tránsito requieren una acción inmediata y coordinada de distintas instituciones y personas. El alto número de delitos de tránsito en Aysén o en nuestro país, no solo representan un peligro inminente para quienes caminamos o manejamos por las calles de nuestra región, sino que también abre oportunidades en los ámbitos de educación vial, partiendo desde el colegio; el análisis, redacción o aplicación de nuevas leyes en este ámbito y el fortalecimiento de la infraestructura para la detección de los delitos, sumado a otras medidas.
La presencia de estos delitos en el tiempo, nos indica que se necesita un enfoque multidimensional para abordar este problema, que lamentablemente puede traducirse en la pérdida de vidas humanas.
Las opciones de mejora son amplias, pero requieren acción. Las autoridades y los dirigentes sociales, debemos trabajar juntos para crear un entorno más seguro y respetuoso de las leyes de tránsito. La educación, la infraestructura, las sanciones y la participación de la sociedad civil son elementos fundamentales para alcanzar este objetivo.
Es nuestra responsabilidad, como ciudadanos y autoridades, tomar medidas para reducir estos delitos y proteger la vida y el bienestar de todos los habitantes, porque en la actualidad hay muchos riesgos en las calles y carreteras de nuestra región debido a la conducta descuidada o inconsciente de muchas personas que no valoran su propia vida o la de otras personas.