Los robos que afectaron a distintos establecimientos educacionales de Puerto Aysén durante abril, lejos de ser hechos delictuales aislados, representan un llamado de alerta respecto de la fragilidad de ciertos espacios fundamentales de nuestra comunidad como son los colegios. Afortunadamente, luego de un trabajo investigativo profesional y respaldado en evidencias, fue posible formalizar a un imputado por estos hechos. 

En menos de 15 días, la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en Aysén, con apoyo de la BIRO de Coyhaique y en conjunto con el Ministerio Público, logró identificar y detener a un imputado de 22 años, como presunto autor de siete delitos, entre ellos robos en los colegios San José, Gabriela Mistral, Litoral Austral y Santa Teresa. 

Este resultado es una demostración clara del valor de las pruebas científicas, del análisis criminalístico y de la importancia de las diligencias ejecutadas conforme a la ley. Todas las pruebas reunidas en este caso, en opinión de la Fiscalía y analizadas en su conjunto, hacen presumir fundadamente la participación de la misma persona en todos los delitos. 

En el sistema de justicia penal, no es suficiente tener sospechas. Se requiere evidencia concreta y legalmente obtenida. En este caso, el trabajo en los sitos del suceso por parte de la PDI permitió levantar pruebas materiales, vincular hechos y construir una línea de investigación que fue presentada al Juzgado de Garantía, el cual decretó la prisión preventiva del imputado por considerar su libertad un peligro para la seguridad de sociedad. 

El esclarecimiento de estos casos nos recuerda también que la seguridad pública no es tarea solo de las policías ni del Ministerio Público, sino también depende de la colaboración activa de la ciudadanía y de quienes están a cargo de los lugares donde ocurren los delitos, como en este caso, de los establecimientos educacionales. 

Muchos avances en las investigaciones penales, se logran gracias a testigos que dan aviso a tiempo, a vecinos que observan y se atreven a denunciar o a funcionarios de los mismos recintos que brindan información importante. La lucha contra la delincuencia no se realiza sólo en los laboratorios o a través de peritajes, sino también en los barrios, en las calles, en las redes de confianza con la comunidad que se logran cultivar a través del tiempo.

Casos como el de Puerto Aysén nos permiten reflexionar, porque cuando las instituciones responden de manera rápida y efectiva, la ciudadanía también se siente más segura. En esta investigación, destaca la prontitud con que se logran formalizar los hechos, ya que esta detención permitió evitar nuevos delitos en colegios y dar tranquilidad a sus sostenedores y funcionarios. 

Detrás de cada computador robado, de cada alimento sustraído, había niñas y niños, que van al colegio a aprender, a crecer, a desarrollarse. Por eso no solo estamos hablando de elementos materiales sustraídos, sino también de derechos fundamentales que se ven afectados con este tipo de delitos. 

Este caso de robos a colegios en Puerto Aysén, donde hay una persona formalizada, es una muestra concreta de que el Estado, en su conjunto, sí puede responder ante situaciones complejas y que las policías y Fiscalía sí pueden trabajar de forma eficiente y coordinada. 

Debemos seguir adelante, buscando mejorar, porque cuando se logran obtener las pruebas suficientes para aclarar un caso, existen más opciones de justicia. Con el apoyo de la comunidad, es posible garantizar una mayor seguridad y proteger a las y los ciudadanos. 

En la práctica, hemos visto que la justicia no solo necesita de leyes, sino también de pruebas, de colaboración, y sobre todo, de un trabajo en equipo de los organismos técnicos encargados de la investigación y persecución penal.