La salida de la seremi de Educación, Isabel Garrido, tras las presiones de un grupo de apoderados y padres de la escuela Despertar, nos deja bastante para reflexionar. Al parecer, las autoridades del sector no se tomaron en serio los compromisos adquiridos en julio de 2024 con la comunidad de Puerto Aysén; ni los compromisos ni la molestia de los padres y apoderados de la escuela, quienes llevan un par de años demandando condiciones dignas para el aprendizaje de sus hijos. 

Uno de los compromisos adquiridos fue la habilitación de una escuela modular en paralelo al desarrollo de un proyecto de construcción de nueva infraestructura. Sin embargo, los meses avanzaron, pero no hubo progresos ni en lo uno ni en lo otro. Los apoderados acusaron a las autoridades no sólo de no cumplir sus compromisos, sino que también de ser poco transparentes en la entrega de información. Además, acusan cambios incoherentes de posturas por parte de la seremi Garrido, quien decía primero una cosa y luego otra, rompiendo de esta forma la confianza de la comunidad.  

¿Son legítimas las demandas de los ciudadanos en relación a contar con un lugar adecuado y digno para el aprendizaje de sus niños? 

Sí, claro que sí ¿Es legítimo detener el funcionamiento del transporte, del comercio y de la vida en general de una comunidad completa? 

No. De hecho, no solo es ilegal, sino que es inconstitucional porque también perjudica a muchas personas y organizaciones, generando más problemas que soluciones. 

No obstante, la acción por la fuerza por parte de este grupo de apoderados y padres de la escuela Despertar es, nada más que la acumulación de frustraciones y el resultado de una mala gestión de las autoridades, en este caso de Educación, que atendiendo a las necesidades de una comunidad, adquirieron compromisos que no fueron capaces de cumplir. 

¿Qué es lo que nos falta como sociedad para evitar llegar a estos extremos y evitar tener que tolerar, entre otras cosas, el corte de una ruta clave para el abastecimiento y el funcionamiento de una ciudad?. 

Necesitamos que las autoridades rindan cuentas cuando no hacen bien su trabajo, pero, primordialmente, necesitamos autoridades que sientan el deber y el compromiso de cumplir con las responsabilidades que conllevan sus cargos, porque, tal como dijo el delegado presidencial regional, Jorge Díaz, en medio del conflicto, ellos como autoridades "no tienen un trabajo, tienen roles" y de eso depende la calidad de vida de miles de personas y con eso no se juega.