El último trimestre de este año será clave para definir la proyección del proceso de reactivación económica que el Gobierno puso en marcha a principios de este 2024 y que en esta zona del país ha costado bastante ponerlo en práctica.

Y las razones son muy variadas y ciertamente que involucran responsabilidades compartidas, tanto de la institucionalidad pública como del mundo privado. El punto es que la comunidad espera ver obras en ejecución y no estar permanentemente escuchando explicaciones para justificar por qué se caen las licitaciones, por qué fallan los procesos de adjudicación o por qué los presupuestos estatales quedan muy por debajo de las ofertas que realizan las empresas constructoras.

Seguramente cada sector tendrá sus propias razones para explicar estos fracasos, pero al final del día, lo que queda para la ciudadanía es una sensación de frustración, de lentitud, de ineficiencia pública, que sin duda daña la imagen del Gobierno y sirve para que la oposición festine y se aproveche electoralmente de estas adversidades, atacando al oficialismo por su incapacidad de concretar las obras que prometió y que hoy siguen siendo proyectos aprobados, pero sin avance, sin ejecución. Esta realidad deja en evidencia una institucionalidad incapaz de resolver de manera rápida, problemas estructurales que no son nuevos y que se repiten año a año no solo en esta, sino que en todas las regiones del país.

Entonces cabe preguntarse, qué está haciendo el Gobierno y el Parlamento para que esto no siga ocurriendo y deteniendo o condicionando el desarrollo de los territorios.

Hoy las críticas se las lleva el Gobierno Regional y su Consejo, y se hace un aprovechamiento político grosero del tema, pero no debemos olvidar que existe una institucionalidad que funciona con normas, con reglas, con reglamentos, y cuando la inversión pública sufre tantos traspiés, es necesario detenerse y comenzar a establecer responsabilidades en torno a estos evidentes obstáculos que condicionan el desarrollo regional.

Por ello, instamos a los candidatos y candidatas al CORE a informarse bien, a estudiar el tema y a no quedarse en la crítica simplona e ideológica. Aquí, insistimos, hay problemas de fondo, que no son simples de superar y que no hacen más que seguir haciendo de Chile un país sumamente centralizado, donde pocas atribuciones concretas y efectivas se entregan a las regiones, y seguimos dependiendo de estructuras nacionales y de decisiones legislativas que no contribuyen a cambiar esta nefasta dependencia.