El sistema de pensiones en Chile ha sido una de las políticas públicas más cuestionadas en las últimas décadas. Desde su implementación en 1981, basado en un modelo de capitalización individual administrado por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), ha generado una creciente preocupación sobre la insuficiencia de las jubilaciones y las crecientes comisiones.

A pesar de diversas reformas y propuestas, el problema estructural ha persistido y con ello se ha perpetuado el descontento ciudadano. Situaciones como la baja tasa de reemplazo; es decir, la relación entre la última remuneración y la pensión recibida, ha demostrado ser insuficiente para garantizar una vejez que permita la subsistencia ante el costo de la vida. 

A ello se suman factores como la informalidad laboral, las lagunas previsionales, el aumento de la esperanza de vida y las crecientes tasas migratorias como factores que impactan el cálculo y las tomas de decisiones ante las regulaciones que deben existir en materia de políticas públicas. Esto hace que el sistema actual no responda a las necesidades de la población de manera óptima; es decir, a garantizar al menos la subsistencia mínima ante las necesidades de alimentación, vivienda y salud.

El debate sobre el futuro del sistema previsional ha polarizado a la sociedad y a la clase política. Tras la aprobación de la actual reforma previsional que obliga a que las empresas aporten a las pensiones de sus trabajadores se espera mejorar el aumento progresivo en las futuras pensiones. Ahora bien, si pensamos en las empresas como instituciones, también en lo público se realizará este aumento. 

Lo que nos llevará a un estadio de pensamiento, respecto a la solvencia que tendrá este proceso de aquí en adelante. En este contexto, la reciente propuesta de reforma previsional busca introducir cambios estructurales que garanticen pensiones más adecuadas, que deben ser financiadas, los resultados de esto se verán a futuro, en donde se podrá evaluar su sostenibilidad e impacto en el tiempo.

Las pensiones en Chile deben ser vistas, desde un nivel tridimensional, como una política económica, social y cultural, con un fuerte compromiso ético. Un sistema previsional sostenible y justo requiere consensos amplios y decisiones valientes que pongan en el centro a las personas y piensen en los efectos futuros. 

¿Seremos capaces de salir del laberinto airosos y dar los respaldos suficientes que nuestros/as adultos mayores se merecen?