En estos días hemos visto nuevamente a pescadores artesanales manifestarse en las calles de Valparaíso, exigiendo algo tan básico como justo: que avance la Ley de Fraccionamiento de la Pesca, hoy estancada en el Congreso Nacional. La demanda no es nueva, pero sí urgente. Lo que está en juego no es solo la redistribución de cuotas de captura entre la industria y la pesca artesanal, sino la posibilidad de corregir una historia de abusos, desigualdad y decisiones públicas que, hasta ahora, han favorecido a unos pocos a costa de muchos.

Actualmente, en algunas pesquerías como el jurel, el 90% de las cuotas está en manos de la gran industria, mientras solo un 10% queda para la pesca artesanal. Este desequilibrio se arrastra desde la cuestionada Ley de Pesca (más conocida como Ley Longueira), cuyo origen se vio manchado por corrupción y lobby empresarial. 

Una legislación que entregó los recursos del mar -que son de todos- a unas pocas familias poderosas. Hoy, tenemos una oportunidad concreta de avanzar hacia una distribución más justa, pero el bloqueo político lo impide.

No podemos olvidar que más del 50% de los pescadores artesanales en Chile tienen entre 40 y 60 años. Muchos están envejeciendo sin haber podido cotizar regularmente, expuestos a pensiones miserables que en promedio no superan los 110 mil pesos mensuales. La mayoría trabaja sin contrato, sin previsión, sin acceso garantizado a salud. En paralelo, las grandes empresas, beneficiadas con cuotas heredables y traspasables, operan bajo reglas hechas a su medida.

Chile necesita con urgencia transitar hacia un modelo de Políticas Públicas Basadas en Evidencia (PPBE). Esto significa tomar decisiones informadas por datos, no por intereses particulares. En países como Nueva Zelanda, Islandia o Canadá, las cuotas de pesca se asignan considerando estudios científicos, participación de comunidades locales y mecanismos de control público. Las decisiones se evalúan antes y después de su implementación, se ajustan cuando es necesario, y se garantizan estándares mínimos de equidad y sostenibilidad.

Con un enfoque de PPBE, la Ley de Fraccionamiento se habría diseñado con participación real de pescadores artesanales, basada en estudios ecosistémicos, con evaluaciones piloto y mecanismos de corrección. El Congreso habría tenido que rendir cuentas con datos en mano, y sobre todo, se habría puesto en el centro a quienes hoy sostienen con su trabajo la soberanía alimentaria de nuestras costas: las y los trabajadores del mar.

Hoy, la Ley está detenida. Y con ella, la posibilidad de justicia. No avanzar en su aprobación implica no solo perpetuar un modelo injusto, sino también seguir condenando a miles de familias a la precariedad. Lo que está en juego no es un tecnicismo legislativo: es una cuestión ética, social y ecológica.

No se trata solo de pescar más o menos. Se trata de quién tiene derecho a vivir del mar, en qué condiciones y con qué futuro. Si seguimos gobernando con los ojos puestos en el poder económico, sin escuchar la evidencia ni a las comunidades, seguiremos escribiendo leyes para pocos. Es tiempo de cambiar eso. Es tiempo de repartir el mar con justicia.