La gestión de residuos domiciliarios en Chile enfrenta desafíos urgentes relacionados con la falta de infraestructura adecuada, gobernanza ineficiente y escasos incentivos económicos para promover el reciclaje y la economía circular. La solución requiere una política pública sólida que integre esfuerzos multisectoriales, fomente la participación ciudadana y garantice condiciones laborales dignas para los recolectores.

Según cifras del Ministerio del Medio Ambiente, en el país se generan alrededor de 8,1 millones de toneladas de residuos sólidos domiciliarios al año y, de ese volumen, menos del 5% es reciclado. Esto demuestra que existe una falta de infraestructura suficiente para la separación en origen, la recolección diferenciada y el procesamiento de materiales reciclables.

Uno de los principales problemas es la dependencia de los vertederos y rellenos sanitarios, que reciben más del 90% de los desechos. Chile cuenta con 130 sitios de disposición final, pero muchos están alcanzando el fin de su vida útil, lo que genera crisis como la de Ancud, donde los residuos deben ser transportados cientos de kilómetros al norte, hasta Los Ángeles. Esto pone en evidencia la urgencia de contar con una planificación territorial efectiva.

Otro aspecto clave es la planificación territorial, fundamental para la localización estratégica de rellenos sanitarios y estaciones de transferencia. La ausencia de planificación ha provocado que muchas comunas se resistan a la instalación de estas infraestructuras. Por eso, es vital la participación ciudadana y criterios ambientales que minimicen los impactos.

Además, es urgente tomar medidas, pues los proyectos de infraestructura en este ámbito pueden tardar años en materializarse. La falta de acción inmediata solo agravará la crisis, generando problemas sanitarios y ambientales. El financiamiento es una barrera crítica. Actualmente, los municipios gastan más de $ 418.000 millones anuales en la recolección y disposición de residuos, pero más del 60% de la población no paga por el servicio. Sin recursos adicionales, resulta difícil transitar hacia un modelo más eficiente y sostenible.

Al mismo tiempo, es fundamental fortalecer la infraestructura de reciclaje, lo que incluye la instalación de más plantas de tratamiento, centros de acopio y puntos limpios. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, es un avance, pero su implementación aún requiere un apoyo estatal y municipal más robusto.

Más allá de la infraestructura, la educación ambiental juega un rol clave. Es necesario fomentar hábitos responsables en la ciudadanía, promoviendo la reducción, reutilización y reciclaje como pilares. Campañas educativas, incentivos económicos y sanciones por mala gestión son herramientas que podrían contribuir a generar un cambio cultural.

En suma, vemos que la gestión de residuos en nuestro país requiere una combinación de infraestructura adecuada, normas efectivas y una ciudadanía comprometida. Solo así podremos avanzar hacia un modelo sostenible que reduzca el impacto ambiental y mejore la calidad de vida.