En mayo de este año, durante la cuenta anual, el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas, prometió evaluar todos los programas impulsados por el Gobierno Regional (GORE) y suspender aquellos que no estuvieran logrando los resultados esperados o un impacto real en la comunidad.

A partir de esta evaluación, el gobernador Marcelo Santana determinó que 10 programas no recibirán prórrogas para continuar su ejecución, y otros dos, impulsados por municipalidades, deberán reintegrar los recursos al Gobierno Regional de Aysén, dado que no comenzaron a ejecutar los proyectos. Gracias a esta medida, 1.900 millones de pesos del presupuesto público del GORE se podrán destinar a otras necesidades de la región.

La División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional de Aysén, evaluó 122 programas, en funcionamiento desde 2013, que abarcan un monto total de 100 mil millones de pesos. 

"Estamos enfocando todos los esfuerzos en lograr la reactivación económica de Aysén y eso incluye, revisar lo que se está haciendo de la forma correcta, para potenciarlo, y también formular nuevas propuestas que aporten con este objetivo. Todos sabemos que el financiamiento es acotado y las necesidades de nuestros habitantes son infinitas, por eso tenemos que usar eficientemente los recursos y hacer valer cada peso", enfatizó el gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana Vargas.

Los 12 programas que no continuarán son principalmente iniciativas que presentan solo cierta ejecución, con un bajo grado de avance o, bien, programas que no han cumplido los objetivos de acuerdo a lo esperado. 

"Ya no habrá más prórrogas automáticas ni excesivos plazos para proyectos o programas que no están funcionando en nuestra región. Orden, transparencia y resultado es lo que esperamos, porque cada peso debe impactar positivamente en el desarrollo de los vecinos de Aysén", agregó el gobernador regional.

El gobernador regional también señaló que, a partir de esta evaluación, se estableció que 31 programas se encuentran en estado crítico, principalmente, porque su plazo de ejecución venció hace más de seis meses y las unidades técnicas no han finalizado la rendición de cuentas o realizado el reintegro de los recursos no ejecutados. Esto representa una deuda de 450 millones en rendiciones o reintegros que mantienen diversos sectores públicos con el Gobierno Regional y su Consejo y que se esperan subsanar antes del término de este año.